Juez relativizó sospechas en su contra por desmanejos de causas

El juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, acusó a los medios de comunicación de poner en dudas su proceder al frente de la dependencia judicial, y también culpó a las autoridades estatales de Paraguay de propiciar las condiciones para que se incremente el tráfico de estupefacientes en Argentina, como también de encubrir a las bandas criminales transnacionales.

El funcionario judicial dijo que en el Norte correntino es “permanente” el cruce de marihuana desde Paraguay, y reaccionó contra las críticas sobre su trabajo al asegurar que “hay una presión mediática tremenda a nivel nacional”. Afirmó que en el Paraguay se evita controlar la producción de marihuana y destacó que el año pasado en Corrientes se hizo “una quema de veinte toneladas de droga” y que el juzgado a su cargo “está trabajando y la prueba de ello es que año a año se quema cada vez más droga”.

Según publicó la Agencia de Noticias Télam, el magistrado remarcó: “Tenemos del otro lado (del río Paraná) un país con una superproducción de marihuana y en el sur de Paraguay no existe ningún tipo de control del Estado paraguayo”. Respecto a las acusaciones en su contra por supuestas irregularidades en el manejo de causas de narcotráfico, Soto Dávila relativizó la cuestión al decir que se trata de una cuestión generada por los medios de comunicación en un contexto político provincial “turbulento”.

Aseguró que “todo está bajo la lupa, pero hay que aportar pruebas. Hay una presión mediática tremenda a nivel nacional y para colmo está en juego en la provincia de Corrientes el próximo gobernador”. Afirmó que con estas acusaciones “se está mezclando la presión política con este tema (del narcotráfico). Este año se elige gobernador y hay una turbulencia terrible”.

El juez insistió en su defensa al señalar que desde su juzgado “se ha colaborado enormemente” en la lucha contra el narcotráfico en Itatí, y se mostró en contra de “cuestionar todo”. Excusó también la incapacidad de frenar el accionar de bandas delictivas en la escasez de recursos de las fuerzas de seguridad y la extensión de la jurisdicción en la que debe intervenir.

Recordó entonces que “el Juzgado Federal de Corrientes tiene 320 kilómetros de frontera con Paraguay y hay aproximadamente entre siete y ocho destacamentos de Prefectura sobre el río y entre tres y cuatro destacamentos de Gendarmería en tierra”, explicó. El juez resaltó luego que el Ministerio de Seguridad de la Nación compró lanchas y equipos tecnológicos para colaborar con la lucha contra el tráfico de drogas, aunque consideró que “resulta muy difícil” controlar todo.

Reconoció que en Corrientes “hay zonas del Norte provincial donde hay permanente movimiento de cruce de droga, que es donde más fuerza se pone con las fuerzas de seguridad y más objetivos se ponen”.

BAJO LA LUPA

En lo que va del año, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes quitó de las manos de Soto Dávila siete causas por posibles irregularidades en la liberación de imputados. En tres de estas causas está involucrado el hermano del viceintendente de Itatí, Hernán Aquino, quien fue apresado en sucesivas oportunidades cuando fue descubierto en el traslado de marihuana. Una de estas causas involucra a un chofer de camión, a su ayudante y a un mecánico, acusados de haber pergeñado una operatoria para llevar marihuana oculta en un camión.

Otras dos personas fueron liberadas por el juez pese a estar sospechadas de integrar una organización narco que transportó más de 700 kilogramos de marihuana a Mendoza y Córdoba en encomiendas. También se le sacó una causa por trata de personas, en la que liberó a dos imputados. En las últimas horas la Procuración de la Narcocriminalidad pidió que se le quiten otras 15 causas.s