La hora de las justificaciones

El mismo día en que el intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y su vice Fabio Adrián Aquino, además de otros 21 detenidos, comenzaron a desfilar por los tribunales federales de Comodoro Py, en la Capital Federal, para ser indagados por su presunta vinculación con una banda que se sospecha traficaba más de 20 toneladas de marihuana al mes, otros altos funcionarios públicos de distintas esferas se esmeraron en una defensa mediática de sus respectivas actuaciones en lo que hace a la lucha contra el narcotráfico.

A priori, el ensayo de justificación no dio buenos resultados, es que los antecedentes son tan pálidos que necesitarán de varias incursiones por los medios y algo de ayuda extra para mejorar sus deterioradas imágenes. Está a la vista, el narcotráfico gobernaba Itatí y la droga fluía hacia todo el país, ante la vista gorda de los responsables de vigilar, reprimir y sancionar en nombre del Estado.

El “narcoestado” como han rotulado el modelo emergente de la debacle de Itatí es consecuencia del Estado ausente, es decir de la negligencia, la ineptitud o complicidad de los funcionarios que son circunstanciales administradores del Estado. Por eso la situación del gobernador Horacio Ricardo Colombi y del juez federal de primera instancia de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila, es compleja. Son las figuras visibles de una estructura oficial, que el escándalo de Itatí ha demostrado que no fue eficaz para dar batalla contra el flagelo de la droga, por el contrario, se diagramó un anomia que facilitó la profundización y ramificación del negocio.

Habrá que revisar concienzudamente cómo hicieron las cosas el Poder Ejecutivo provincial y el Juzgado Federal Nº1 de Corrientes. Por lo pronto, ayer ambos funcionarios tuvieron espacio en la agencia oficial de noticias (Télam) para tratar de explicar lo que sucedió. No hubo autocrítica. De la lectura de los dichos surge que la responsabilidad es de otros funcionarios, de esferas ajenas. El mal siempre viene de afuera. Por ejemplo el Gobernador aseguró que el gobierno anterior (el de sus amigos y socios los Kirchner) “abandonó las fronteras”, en tanto el Juez Federal acusó a Paraguay por no controlar la producción de marihuana.

En ese marco aceptó, con naturalidad, que el tráfico de estupefacientes es permanente. Se advierte una, casi reverencial, inclinación al determinismo, tan propio de cierto hombre común, resignado a su destino: “es así, porque está marcado y no hay nada que lo pueda cambiar”.

Esa claudicación no es aceptable en quienes tienen rol en la estructura del poder público, justamente para lograr resultados diferentes llegaron a ese cargo. Dijo Colombi: “Tenemos las fronteras muy calientes. Hace tiempo que estamos con esa preocupación. Pero había una política del gobierno anterior de dejar las fronteras y llevar a los prefectos y a los gendarmes al Conurbano y a Puerto Madero.

Hubo un abandono de la frontera que intensificó el narcotráfico y este Gobierno (por el de Macri) está revirtiendo eso con más recursos humanos, más tecnología. Se está dando una lucha contra el narcotráfico como nunca antes. Hay decisión política para eso y antes no había”. Frente a esta descripción, la pregunta obligada es: ¿y la Provincia qué hizo durante todo este tiempo? Nada, resignarse a esperar.

Hace 16 años -los que Colombi lleva en el poder- que espera. Así nos va. Dijo Soto Dávila: “Tenemos del otro lado un país con una superproducción de marihuana y en el sur de Paraguay no existe ningún tipo de control del Estado paraguayo”. Frente a esta definición, la pregunta es: ¿y la Justicia Federal de Corrientes, qué hizo durante todo este tiempo? Quizás no hace falta seguir preguntando, las respuestas están a la vista.s