La dictadura que perdura

Pese a los avances institucionales que el país experimentó desde el retorno a la vida democrática en 1983, la legislación argentina conserva 417 leyes concebidas y aprobadas durante la última dictadura militar, lo cual representa casi la décima parte del total de normativas vigentes. Sobre 4.419 normas que conforman el digesto jurídico de actual aplicación, 417 fueron creadas por el gobierno de facto que dirigió el destino del país con mano de hierro entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983. Apremiados por los asuntos cotidianos -que ciertamente imponen una urgencia que hace desaparecer toda otra cuestión- la ciudadanía no alcanza a advertir esa secuela de la dictadura que ha llegado hasta estos días en un envase legislativo que trastorna, condiciona y limita.

No todo es enteramente malo en ese paquete “legislativo” diseñado por los uniformados, pero el hecho de que al menos una parte de los derechos y obligaciones definidos en un gobierno dictatorial todavía rija la vida hoy habla del perfil de la Argentina y lo mucho que queda por mejorar. Los datos sobre el número de decretos-leyes firmados tras el Golpe Militar y aún vigentes surgen de un estudio elaborado por el colectivo de periodistas “Sin Fin”, en conjunto con Memoria Abierta, y cuyos resultados fueron difundidos esta semana, a 41 años del último Golpe Militar.

“Casi una de cada diez normas que hoy regulan nuestra sociedad fue creada durante el gobierno de facto más sangriento de la historia argentina y carga con el espíritu de aquella época”, señala el informe, que está disponible al público a través del sitio www.leyesdeladictadura.com. Algunas de las leyes que se mantienen en pie de aquella época son la Ley de Entidades Financieras, la Ley para el Personal de la Policía, y el Régimen Penal de Minoridad (que el Gobierno de Cambiemos apunta a reformar para bajar la edad de imputabilidad, entre otros efectos).

“Las 417 leyes de la última dictadura son apenas la punta de un iceberg que revela una sociedad encorsetada por normas heredadas de gobiernos dictatoriales”, sostienen los autores de la investigación. Mencionan que a partir del análisis de la legislación vigente, lograron identificar 998 normas que fueron impulsadas por distintos gobiernos de facto, por lo que llegaron a la conclusión de que “una de cada cuatro leyes actuales no tienen un origen democrático”.

Según sostienen, el objetivo de este trabajo, es generar consciencia respecto de “la necesidad de que la democracia genere una legislación acorde a los estándares de la democracia”. Un buen ejemplo es lo que ocurre en Corrientes en relación a la cerrazón que existe para que la prensa o cualquier organización civil o ciudadano interesado pueda acceder a la declaración de bienes de las autoridades.

Pese a que en el orden nacional hay una ley (de la democracia) que impone a los funcionarios, legisladores y jueces, presentar su declaración patrimonial, aquí en la Provincia no se cumple y los obligados se escudan, ante la insistencia, en una “legislación” promulgada durante la Dictadura. Se trata del decreto-ley Nº 3333 dictado por el entonces gobernador militar Luis Gómez Centurión el 24 de enero de 1977 y especifica que el funcionario firmante, autoridades administrativas facultadas para investigaciones internas o, en su defecto, un juez del fuero penal pueden requerir al notario oficial la apertura de una declaración jurada. Esa excusa se utilizó muy seguido en los últimos años para desalentar a los curiosos. Tanto peor, en 2009 se aprobó en la Legislatura provincial una Ley de Ética pública que imponía como obligatorio la trasparencia de las declaraciones juradas de los funcionarios. La mencionada ley nunca se reglamentó. Ergo: no está vigente.s