La Policía contaminada
La difusión por parte de la prensa del documento firmado por Casarrubia empujó al gobierno a hacer algo. Como los bomberos, corre atrás de los incendios. ya ocurrió lo mismo en Itatí.
El 7 de marzo pasado, una semana antes de que el megaoperativo de la Justicia Federal porteña pusiera al pueblito de Itatí en el foco de las miradas del país por la inusitada actividad del narcotráfico y sus implicancias con la política y las fuerzas de seguridad, el fiscal de Instrucción de la ciudad de Mercedes, Adrián Aurelio Casarrubia, informó a la Jefatura de Policía de Corrientes y al Juzgado Federal de Paso de los Libres sobre las conductas sospechosas -podría decirse, delictuales- de funcionarios de la Policía provincial que en el pago chico del gobernador Horacio Ricardo Colombi era connivente con el negocio de la droga. Pasaron tres semanas antes de que se tomaran medidas oficiales: descabezaron las tres comisarías de la localidad, pusieron en disponibilidad a los jefes y trasladaron a personal cuestionado. La depuración salió obligada, fue la respuesta a un escándalo mediático, no fue producto de la voluntad institucional.
El urticante informe del procurador mercedeño (que puede entenderse como una suerte de denuncia) durmió casi 20 días en los despachos del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Policía sin que hubiera reacción, ni el ministro (Horacio Ortega) ni el jefe (Eduardo Acosta) movieron un dedo. La difusión por parte de la prensa del documento firmado por Casarrubia empujó al Gobierno a hacer algo. Como los bomberos, corre atrás de los incendios. Ya ocurrió lo mismo en Itatí, donde cayó el comisario del pueblo por su vínculo con los narcos. El problema es que en ambas ocasiones estaba avisado del riesgo. Como ya lo reveló en su momento este diario, el año pasado informes de inteligencia habían advertido sobre la sinuosa conducta del comisario Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga, que controlaba la seguridad en Itatí donde proliferaba el negocio narco por donde pasaban -se cree- seis toneladas de droga por semana.
La Policía provincial apostada en Itatí, a cargo de Ocampo Alvarenga, nunca descubrió nada, lo mismo que el Ministerio de Seguridad que jamás se percató de que su comisario estaba siendo cuestionado. El hecho más reciente, destapado por el fiscal Casarrubia, que ayer habló en exclusiva con NORTE de Corrientes, instala el albur en el pago natal de Colombi. Según contó el procurador en su informe a la Jefatura de Policía y al Juzgado Federal de Paso de Libres, luego ratificado a este diario: En Mercedes hay policías que están amparando a los narcotraficantes.
Uno de los comisarios, el más cercano al gobernador Horacio Ricardo Colombi, ya tiene antecedentes por apremios ilegales, extorsión y abuso de autoridad. En octubre de 2014, por pedido del entonces fiscal Enrique Deniri, personal de la Unidad Regional III, con asiento en Curuzú Cuatiá, allanó la seccional por una denuncia de coimas. El comisario Marcos Toledo fue imputado, pero luego sobreseído. Viejo delantero de Boca Unidos, el comisario Toledo cuenta con la simpatía del mandatario mercedeño que es aficionado al fútbol. ¿Será por eso que la advertencia de Casarrubia no fue atendida de inmediato? Como sea, el fiscal sostiene que los policías investigados cometían actos de protección a pequeños narcos que operan en la ciudad de Mercedes, es decir, amparando a narcotraficantes.
El problema es que el procurador en lugar de ir directo a la Justicia Federal para que inicie una investigación, firmó un expediente administrativo con el que puso en aviso a la Jefatura de Policía de Corrientes que en la fuerza habría agentes involucrados con el narcotráfico. Al revés de lo que marca el procedimiento. Así, entre la confusa maniobra del fiscal, la exasperante pasividad del Ministerio de Seguridad y la Jefatura, sumada a la proverbial indolencia que habita en la esfera pública, el narcotráfico tiene garantizada la tranquilidad.s