Citan a indagatoria a los detenidos en los 14 allanamientos por venta de droga

Los detenidos en los 14 allanamientos realizados el viernes en el contexto de una causa en la que se investiga la venta de estupefacientes en las ciudades de Mercedes y Paso de los Libres, serían llamados a declarar esta semana por los funcionarios judiciales y del Ministerio Público que llevan adelante la

investigación. Los apresados están alojados en una dependencia no carcelaria, sospechados de integrar una red de venta de drogas en el Sur provincial con la supuesta connivencia de policías provinciales. Las personas detenidas son 11, y entre ellas se encuentran los hermanos Oscar y Sergio Salgán, encausados por el secuestro del estudiante Cristian Schaerer en 2003.

También está involucrado Cleomar Ramos, alias “El Brasilero” o “Giorgi”, y también su pareja. Las averiguaciones alcanzan a hermanas de este hombre, que ya estuvo involucrado en otras causas judiciales, por las que incluso fue privado de la libertad. También se le adjudican otros hechos delictivos por los que fue encausado en la Justicia ordinaria. Este sujeto ya era investigado desde 2012 -según trascendió extraoficialmente- por intervenir en el comercio de drogas en el pueblo de donde es oriundo el Gobernador, quien fue intendente del Municipio durante tres períodos.

La sospecha es que pudo erigirse como abastecedor de estupefacientes a los centros de venta al menudeo en la ciudad, pero que extendió su dominio hacia otras localidades de esa parte de la provincia. El viernes, cuando se le allanó el domicilio y el bar-pool que estaba a cargo de su pareja, encontraron dos plantas de marihuana, además de dinero en efectivo. Hace algún tiempo se lo había vinculado a “El Pelado” Benítez, quien se presentaba como albañil pero que intervenía en la distribución de droga, principalmente en cercanías de las escuelas.

Era conocido en la ciudad porque “años atrás trabajaba en el estudio jurídico de Guillermo Semhan, quien después se convertiría en ministro del Superior Tribunal de Justicia”, según publicaron medios de comunicación días atrás. “El Brasilero” también fue señalado como proveedor de un ex interno de Sierra Chica que actualmente está detenido por trata de personas desde el año pasado.

El ex presidiario es conocido como “El Negro Bidón” Miño, quien también desde 2012 está encausado por prostituir a niñas y “adiestrarlas” para vender drogas. Quienes investigaron la causa descubrieron que el sospechoso “vivía alejado de la ciudad de Mercedes, en la zona rural, donde había montado una especie de centro de organización de ventas al menudeo”.

En ese inmueble “adiestraba” a niños y adolescentes que comercializarían la droga en zonas cercanas a las escuelas de Mercedes. La perversidad de este sospechoso era tal, que para lograr su cometido se valía de menores y discapacitados, a quienes “primero introducía en el consumo de estupefacientes, para después forzarlos por necesidad de consumir más sustancias”, comentaron a NORTE de Corrientes fuentes de la investigación. Fue denunciado además porque “mediante amenazas, agresiones físicas y encierros, obligaba a sus víctimas a salir a vender esas sustancias”. La sospecha es que estos delincuentes operaban amparados por un comisario, quien fue acusado por este motivo ante el fiscal provincial Adrián Casarrubia.

Según este fiscal, anoticiado del hecho, dio a conocer la situación al Juzgado Federal de Paso de los Libres, pero ningún funcionario judicial federal confirmó los dichos de Casarrubia. Lo cierto es que el funcionario del Ministerio Público inició averiguaciones relacionadas con la intervención de ciertos policías “en actos de protección a pequeños narcos que operan en la ciudad”.

Señaló como posible partícipe de las maniobras de protección al comisario Marcos Daniel Toledo y a dos subalternos (los cabos Insaurralde y Gómez) por la posible comisión de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho agravado. Este fin de semana, el abogado Andrés Gauna, quien representa a Toledo, aclaró que el funcionario policial “no fue desplazado de la Policía, pero está en disponibilidad”.

Aseguró además que “sólo se lo relacionó con esta causa de la Fiscalía de Mercedes”, y agregó que los hechos que se le atribuyen al policía “son infundados y carentes de pruebas”. “Ya defendí a Toledo en otras causas”, dijo el letrado, quien recordó que en octubre de 2014 su representado fue imputado y luego sobreseído en una causa por coimas, por las que el entonces fiscal Enrique Deniri y personal de la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá, allanaron la seccional que estaba a cargo del oficial. También cuestionó la filtración del texto de la denuncia y señaló por esto a las autoridades de la Jefatura de Policía. s