Confirmaron el procesamiento de los directivos de la cooperativa Piramys
Lo resolvió el viernes la cámara federal de corrientes. Son 7 los acusados de conformar una banca de hecho sin aval del Banco Central.
La Cámara Federal de Corrientes confirmó el procesamiento de los principales directivos de la cooperativa de créditos y servicios Pyramis, en orden al delito de intermediación financiera no autorizada, al tiempo que revocó el monto de los embargos dispuestos sobre cada uno de ellos por el juez de primera instancia, a quien exigió un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión, informó ayer de manera oficial el ministerio Público Fiscal de la Nación.
Al rechazar los planteos esgrimidos por las defensas, el tribunal argumentó que existen elementos de convicción suficientes respecto a la responsabilidad de cada uno de los imputados en la conformación de una banca de hecho, que operó bajo la fachada de la persona jurídica de una cooperativa, para desde allí llevar adelante millonarias operaciones de intermediación financiera por fuera de la órbita del Banco Central.
En julio de 2016 el titular del Juzgado Federal de primera instancia Nº 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, dictó los procesamientos de Mario, Lisandro y Horacio Boschetti, y César Gelmi, todos ellos integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa; y de Alfonso Siviero, Ana Karina Alonso y Carlos Contreras, quienes operaban desde un local supuestamente dedicado a negocios inmobiliarios, pero que en realidad efectuaba cambios de cheques, compra y venta de moneda extranjera y préstamos de dinero, sin la debida autorización del Banco Central.
En su resolución el magistrado estableció que la elección de la figura jurídica de la cooperativa no fue azarosa, sino que responde en parte a una estrategia deliberada de no tributar el 35 por ciento sobre las ganancias (que obtendría) de la sociedad. Dispuso, además, embargos por 3 millones de pesos para cada uno de los siete procesados.
Apeló el fallo al considerar exiguo el monto de los embargos en relación a la dimensión de las maniobras investigadas y, especialmente, teniendo en cuenta los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, referidos a la adopción de un régimen destinado al recupero de activos provenientes de actividades delictivas.
Al cuestionar ese tramo del fallo, Ferrini sostuvo que los imputados adquirieron bienes por un valor superior a los 5 millones de pesos y automóviles que superan el millón de pesos. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes avaló el planteo del MPF. Habida cuenta de verificarse la falta de fundamentación necesaria para arribar al monto de tres millones de pesos impuesto a los encausados.
Y ordenó a Vallejos dictar un nuevo embargo que en derecho corresponda con base en las observaciones realizadas. s
