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Perugorría: disputa con la Nación por la adjudicación de las 40 viviendas

La intendente Lesieux aseguró que el nombramiento de los titulares es potestad del municipio, y que actuó legalmente. Analizan sanciones.

La Municipalidad de Perugorría podría enfrentar procesos penales luego de que las autoridades adjudicaran las 40 viviendas del plan nacional Techo Digno. La acción fue restringida de antemano por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a través de una carta documento, en la cual negaba a la intendente Angelina Lesieux la potestad de adjudicar y/o entregar las casas, y determinaba que remita información sobre los posibles adjudicatarios al Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico).

Pero las autoridades locales respondieron que al momento del contrato para la construcción de las viviendas se dejó en claro que, al ser los terrenos municipales, le corresponde al Municipio decidir su adjudicación. A la par, expresaron a NORTE de Corrientes que “las viviendas se están terminando de construir con fondos

municipales, debido a la actualización de los costos de construcción”.

Ante la situación, la Secretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio del Interior estudia la medida abordada por Lesieux y determinará las responsabilidades penales que corresponden. La amenaza consiste en realizar “acciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación y malversación de fondos públicos”, según dijo Ivan Kerr, titular de la Subsecretaría. Ante el hecho, la intendente declaró a este medio: “Solo quiero aclarar que todas las acciones que se llevaron adelante son legales y que cumplí con el proceso que debía.

Las viviendas fueron levantadas en terrenos de Perugorría y son construidas por el Municipio. Judicialmente me acusaron por una obra que supuestamente no hice, pero resulta que ahora existen las viviendas y hasta inventan que hay personas habitándolas. Esto es mentira, y con la falta de la verdad cualquier proceso judicial cae. Fue toda una persecución política que hoy queda a la luz. La evidencia es que no estoy procesada, no pudieron probar nada.

Fue una movida política y pasé muy mal con mi familia. Especialmente con mi hijo de ocho años que aún no se recupera desde cuando le apuntaron con armas, le revisaron la mochila y no lo dejaban ingresar a mi casa durante un allanamiento. Me banqué el daño que me hicieron a mí y a mi familia, y me lo sigo bancando”. s