El contexto no alivia la perspectiva

En medio de los chisporroteos entre el Gobierno nacional y la CGT, con el presidente Macri en escena y con rol protagónico, por el paro general que se llevará a cabo mañana y que promete tener un alto impacto, el juez federal Claudio Bonadio tomó una medida que devuelve al primer plano a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un nuevo procesamiento. Lo novedoso, además de la oportunidad en la que se produce el fallo, es que además de la exmandataria también fueron procesados sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner, y Florencia Kirchner, sobre quienes recae la sospecha de conformar una banda para capitalizar los “retornos” de empresarios beneficiados con la concesión de la obra pública. Resulta llamativa la coincidencia de los hechos judicial y político como si una extraña fuerza los acomodara en espacio y tiempo. No es la primera vez que una decisión del juez Bonadio, contra el kirchnerismo, se conoce durante un momento candente con la Casa Rosada en aprietos.

Hay que decirlo, esta vez el fallo no generó el oleaje de otras veces, sucede que ya han dejado de ser noticia rimbombante las embestidas judiciales contra la expresidenta. El de ayer fue el tercer procesamiento a la viuda de Kirchner, antes el mismo Bonadio la procesó por irregularidades en la operatoria con dólar futuro, una causa que ya fue elevada a juicio, en tanto el juez Julián Ercolini la procesó por el presunto direccionamiento de la obra pública. Ahora Claudio Bonadio escribió que CFK encabezó una asociación ilícita que utilizó la firma Los Sauces para cobrar alquileres a empresarios como Cristóbal López y el detenido Lázaro Báez. El magistrado sostuvo que Los Sauces se conformó con “el objeto de canalizar dinero ilegítimo como contraprestación, al menos en el caso de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente”. Se constituyó un “inmobiliaria con el objeto de recibir dinero, en locaciones de inmuebles y un hotel, como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de obra pública e introducirlo en el mercado financiero a fin de dotarlo de apariencia lícita”, sostuvo. La medida judicial era previsible, pero sorprende el momento en que se produce. Seguramente condicionará, al menos desde lo mediático, el desarrollo de la medida de fuerza que la Confederación General del Trabajo (CGT) programó para mañana y que tiene muy preocupado al Gobierno. Justamente en las últimas horas, distintas espadas del oficialismo salieron a cuestionar el paro asegurando que “no se justifica”, el tema fue motivo de análisis en la reunión de Gabinete que encabezó ayer Macri. Dicen que en ese encuentro se evaluó el alcance que podría tener la medida según la adhesión del transporte público de pasajeros. El lunes, Macri abrió el fuego con un tiro por elevación, dijo que respetaba la decisión de la CGT, pero que la medida no resolverá los problemas de los trabajadores y le costará al país “15 mil millones de pesos, que podrían destinarse a obras”. Algo de razón tiene, pero el mensaje no debe ser leído (ni tiene aplicación) lineal. Hay otros, muchos gastos del Gobierno que también podrían ser direccionados en obras y que sin embargo solamente engrosan el déficit público. Sin excitación por el jaleo, desde el arco sindical se ocuparon de puntualizar sus reclamos, que tienen que ver con el modelo económico, el punto flaco del ingeniero, ex presidente de Boca Juniors. La economía se demora en arrancar y los indicadores no dan optimismo, para colmo ayer se conoció el pronóstico inflacionario de un grupo de expertos convocados por el Banco Central de la República Argentina: pasará el 20% anual, vaticinan. La perspectiva es que llegará al 21,2%. No es buena noticia para desalentar la queja sindical. s