Mundo sindical en Nación y Provincia

Durante muchos años vimos cómo desde la Presidenta para abajo se cruzaban todos los límites éticos, morales y legales. Vimos cómo se abusaban de las instituciones y se actuaba en base a intereses políticos partidarios en lugar de pensar en el bien común. Normalizamos el actuar por fuera de la ley de aquellos que nos gobernaban. La ilegalidad como una forma de hacer política. A diferencia de lo que nos intentaron hacer creer por muchos años, un Estado fuerte es aquel que hace cumplir las leyes. Su opuesto, el débil, es aquel que permite que las mafias y grupos de presión impongan sus intereses particulares sobre los derechos del resto de la sociedad. Los argentinos estamos viendo ponerse de pie a un Estado que había sido desgastado por los atropellos y la desidia. Este Gobierno está reconstruyendo los límites de la convivencia democrática haciendo cumplir las leyes. El Estado de Derecho es la condición necesaria para que la República funcione. El domingo pasado, Roberto Baradel y quienes lo acompañaron eligieron actuar de manera ilegal al instalar una carpa frente al Congreso de la Nación sin tener el permiso correspondiente. En 2013, quienes éramos oposición instalamos una carpa en ese mismo lugar buscando alertar sobre el riesgo de la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo, habiendo conseguido los permisos correspondientes. ¿Por qué los sindicalistas no lo hicieron también? Quien viola las leyes merece ser sancionado sin importar quién sea. No importa si se es docente, médico, bombero, Presidente o Madre de Plaza de Mayo, todos somos iguales ante la ley. Sin permiso no hay derecho y los derechos se hacen valer en virtud de las reglas vigentes. Y, ante una violación de este tipo, el Estado tiene la obligación de responder haciendo valer los límites.

Estas cuestiones se dan todo el tiempo, lo que ocurre o mejor dicho, ha ocurrido en la Provincia de Buenos Aires es sólo una muestra. Por caso en Corrientes la situación es totalmente diferente ante un arco sindical debilitado y perezoso en avanzar con reclamos y medidas que realmente pongan en su lugar a una administración que desde hace 16 años, pisotea los derechos laborales de los agentes públicos. En especial el de los docentes y como se vio en el último año, el de los policías. A través de un mecanismo que conoce bien el Gobierno provincial, logró desactivar protestas a través de “aprietes” con sumarios administrativos a efectivos en actividad que concurrían al acampe policial bajo el Puente Interprovincial Manuel Belgrano. Es curioso porque las fotografías sindicales a nivel nacional y provincial son bien distintas, en Corrientes el actual Gobierno está por despedirse sin reglamentar las leyes paritarias de los empleados estatales y de los maestros. Las mejoras salariales, además de ser escuálidas, son ofertas unilaterales que hace la administración provincial y es su modo de contener al mundo sindical. Son acaso situaciones que exhiben la disgregación de realidades entre la Provincia y el contexto nacional. Habrá que ver cómo reacciona el Gobierno local ante un nuevo pedido del presidente, Mauricio Macri, de achicar el gasto público en la Provincia y que el ingreso a los Estados provinciales se haga a través de concurso público. Algo que se parece más a una quimera que a un mandamiento que realmente se concretará. Así son las realidades argentinas tomando como disparador el mundo sindical. Tan abusivo por un lado y tan pasivo por otro. En el medio está la clase trabajadora, tan golpeada por la economía al menos en los últimos cinco años. Golpe acentuado en los últimos doce meses. s