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Ingresa a la Cámara de Senadores el 7º proyecto de expropiación de terrenos

El asentamiento del Ponce está en vías de regularizarse. Por seis predios, el estado pagó más de 35 millones de pesos.

En medio de una creciente necesidad de vivienda que lleva a la conformación de asentamientos irregulares, la expectativa se renovó en el barrio Ponce luego de que finalmente el proyecto de ley de expropiación de un terreno ingresara a la Cámara de Senadores de la Provincia la semana pasada. Aunque todavía no tendrá estado parlamentario, puesto que será girado a comisión, se estima que el mes próximo ya sería remitido a la Cámara de Diputados para que avance el tratamiento del expediente Nº 6.415.

“El expediente ya fue presentado y si todo marcha bien en un mes ya puede pasar a Diputados. Si el proyecto es aprobado, la Fiscalía de Estado conformará el Cuerpo Pericial Contable que tasará el terreno. Luego se avanzará con el proceso de regularización que incluirá mejoras en la zona en beneficio de las familias que viven en el lugar”, comentó a NORTE de Corrientes el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas. De aprobarse, el Ponce será el séptimo terreno con ley de expropiación y unas 200 familias tendrán la oportunidad de mejorar su situación habitacional.

En los últimos años, la Legislatura aprobó seis expropiaciones de terrenos ubicados en diversas zonas en beneficio de más de mil familias, sin embargo, las tareas concretas de urbanización se están realizando sólo en uno de ellos con fondos nacionales. El Estado provincial pagó más de 35 millones de pesos por esos seis terrenos. El primero en contar con ley de expropiación fue el predio donde se encuentra el asentamiento en el Virgen de los Dolores, en 2013.

El terreno de 20 mil metros cuadrados en el que habitan 133 familias fue tasado en $3.200.000. Los otros fueron en el Iberá, en la zona conocida como La Chola, en el que viven 280 familias y se pagó $3.300.000; en el Bajo Galván se encuentran 53 familias y tuvo un costo de $2.900.000. En tanto en los asentamientos Quilmes, que se encuentra en el barrio Patono, y El Cocal, en San Antonio Este, en los que habitan 360 y 267 grupos familiares respectivamente costaron $5.900.000 el primero y 9 millones de pesos el segundo.

En tanto, el predio del Río Paraná costó 11 millones de pesos y en los próximos días continuará el censo que se realiza en el lugar para determinar la cantidad de personas que vive en el lugar, según comentó Cuevas a este diario. Pasaron cuatro años desde la aprobación de la primera ley y recién a mediados de marzo el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) inició los trabajos de urbanización, en el marco del Plan Hábitat, en el barrio Virgen de los Dolores. En los otros se realizan intervenciones de tipo social y algunos mejoramientos en la infraestructura.

Precariedad

En el asentamiento del Ponce viven unas 200 familias, de acuerdo con el expediente, en el que se consigna la preocupación de sus habitantes por obtener seguridad habitacional, con servicios esenciales de agua, luz y cloacas. Cuevas contó que “es un barrio muy particular, conocido como Cancha de goma utilizado por todos los chicos y vecinos del barrio donde detrás hay una laguna que también es un problema cuando crece porque provoca inundación”.

Consideró que “es un drama frecuente a raíz de las intensas lluvias, hay un problema en el desagote debido a la falta de canalización y cloacas que ayudarían a evacuar las aguas, entonces todo este programa de planificación urbana ayudará a evitar los inconvenientes presentes”. Según los ocupantes del terreno, a partir de 1964 se empezaron a instalar en la zona familias provenientes de otros puntos de la ciudad y del interior.

En principio ocupaban terrenos amplios, pero a partir de 1986 el asentamiento fue creciendo con familias constituidas por los hijos de los ocupantes en su mayoría y otras que se incorporaron de otros lugares por venta de los terrenos. Hay familias extensas que ocupan un mismo terreno y el tiempo de ocupación de los grupos familiares más antiguos data de entre más de 20 años y hasta cinco como mínimo. En 2015 hubo una notificación de sentencia de desalojo por reclamo de los familiares de los supuestos dueños ya fallecidos.s