Licitaron la obra de Lázaro Báez, que no cumplió, pero se pagó y certificó la Provincia

Las obras de pavimentación de la Ruta Provincial N° 40 y su empalme con Ruta Provincial N° 114, en un tramo aproximado de 41 kilómetros.

El presupuesto oficial asciende a $ 429.999.998,99 y el plazo de ejecución es de 24 meses. Se presentaron nueve empresas oferentes, con sus respectivas cotizaciones de obras y de ahora en más sobreviene la etapa de análisis de cada una de ellas, antes de adjudicar la ejecución a la oferta que la provincia considere como más conveniente.

Todos quienes participaron del acto de licitación, están incluidos en el expediente que investiga la Justicia Federal respecto al pago de sobreprecios y certificaciones de obras que no se ejecutaron durante la administración kirchnerista, pero que fueron signados y avalados por el gobierno provincial.

La causa de los expedientes perdidos de Vialidad y la ruta del dinero K

La denuncia que apunta contra el gobernador Ricar­do Colombi y directivos de Vialidad Provincial por su presunta connivencia con el empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien cobró una cifra millonaria por una obra que nunca hizo en Corrientes, abrió un im­pensado capítulo a raíz de la desaparición de documen­tación clave sobre el tema. Según el denunciante, el ingeniero Rodolfo Amílcar Paladini “fue un robo”. Así lo señala en una amplia­ción de la presentación que hizo el 14 de abril del año pasado y que le imputa al mandata­rio provincial la comisión del delito de defraudación agravada.

Paladini cuenta que “el robo” se produjo un par de días antes del allanamiento que realizó a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) personal de la Prefectura Naval por orden del juez fe­deral, Juan Carlos Vallejos, quien tiene la causa. Con lujo de detalles, el denun­ciante relata cómo sucedie­ron los hechos y pone en la mira al agrimensor Luis Dubrez, titular del Depar­tamento de Obras por Con­trato, en cuyo archivo se en­contraba la documentación desaparecida. “Dubrez es el funcionario responsable del cuidado, tutela y resguardo de importante documenta­ción, citada en la denuncia penal formulada, pues ella era el sostén y fundamento de los actos ilícitos perpe­trados”.

Según consigna se trata del pliego licitatorio; pliego de especificaciones técnicas particulares, presupuesto originario de la obra, los planos de proyecto, la ofer­ta completa realizada por la firma Sucesores de Adelmo Biancalani luego Austral Construcciones, los estu­dios de las modificaciones de obras y precios, los es­tudios de los aumentos por variaciones de costos, las notas enviadas a la supe­rioridad aprobando certi­ficados de obras realizadas por la inspección, las notas emitidas por los inspectores de la obra a la contratista y a su jefe superior inmediato, los duplicados de las órde­nes de servicios realizados por la inspección de obras, los duplicados de actas de inicio de obras y otras ac­tas formales realizadas, como las de paralizaciones de obras, duplicados de las órdenes de servicios, dupli­cados de las actas convenios con la contratista, el contra­to de obra, las fianzas y se­guros, etc.

“Era la historia completa o bitácora de la obra, que financiaba y pagaba el Esta­do Nacional por medio de la Dirección Nacional de Viali­dad”, dice Paladini, y aclara “alguna de estas cuestiones estaban archivadas en com­putadoras del precitado de­partamento, por ejemplo en los archivos informáticos del ingeniero Brazard, don­de allí deberían figurar las nueve redeterminaciones de precios realizadas y reco­nocidas a la firma contratis­ta cuestionada”.

Relata en su denuncia:

“El señor Clemente Mar­cos, viejo empleado de la DPV, tenía bajo llave en su armario y archivos todas estas documentaciones, pero a los dos o tres días de la fecha de la denuncia y en horas de la mañana este empleado encontró la cerra­dura forzada de su armario. Las documentaciones en­carpetadas estaban revuel­tas, se observaban faltantes en las cajas y había papeles desparramados. Es así que de tal hecho, por los gritos del señor Clemente Marcos, tomó conocimiento el mis­mo jefe agrimensor Luis Du­brez, instalado y calladito en su jefatura, aseverando y afirmando en esa circuns­tancia sus empleadas, en particular la ingeniera Na­varro, como también la agri­mensora Alina Barrotaveña (sospechada de la autoría) que ello se hizo por orden del agrimensor Luis Dubrez.

Pero la documentación no había sido retirada de las instalaciones de la Di­rección Provincial de Viali­dad, sino que simplemente la escondieron sacándola de circulación para hacerla desaparecer.

Dos o tres días antes del 5 de mayo, fecha en que Prefectura produjo el alla­namiento ordenado por el señor juez fFederal, y entre las 23.30 y la 1.30, mediante el uso de una camioneta que entró por calle Catamarca (entre Rivadavia y la ave­nida 3 de Abril) y actuando el personal de Obras por Contrato que comanda el agrimensor Luis Dubrez, bajo su orden accionaron los empleados Samaniego, Chamorro, Ojea, Goncalves y Mancedo. Por información acercada por empleados de ese organismo, éstos retira­ron del edificio principal y cargaron en una camioneta, cajas conteniendo carpetas, biblioratos, papeles varios atados. Luego partieron con rumbo desconocido. Se lle­varon documentación de la Ruta Provincial Nº 40”.

Respecto de este capítu­lo, el ingeniero Paladini le sugiere al juez federal: “Que todos los señalados sean ci­tados a prestar declaración por los hechos relatados, también al sereno (del tur­no noche) quien debió de­jar asentado en el libro de parte diario las novedades producidas, especialmente la presencia de personal en horario desusado con carga y retiro de bultos”