Plantearon la inconstitucionalidad de la ley de flagrancia en causa de narcotráfico

La defensa de dos detenidos que fueron descubiertos “infraganti” cuando transportaban estupefacientes, planteó la inconstitucionalidad de la ley que posibilita el juzgamiento de los imputados por medio de un procedimiento exprés. El reclamo es analizado por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, pero si llega a la Corte Suprema podría hacer caer la ley aprobada en septiembre pasado en el Congreso. El texto fue una iniciativa presentada por el Gobierno con el fin de forzar condenas en poco tiempo al establecer cambios en el Código Procesal Penal de la Nación. El planteo es en el contexto de una causa por narcotráfico que se tramita en el Juzgado Federal de Paso de los Libres en el que está encausada una pareja de la localidad de Ituzaingó que fuera descubierta el 29 de abril pasado cuando trasladaban 26 kilos y medio de marihuana en sus valijas en un ómnibus de larga distancia. La situación fue advertida por efectivos de la Gendarmería Nacional que al revisar el equipaje de los pasajeros hallaron varios el estupefaciente, pero además descubrieron que el hombre, propietario de la carga ilegal, había adosado a su cuerpo varios paquetes de marihuana. Ese día los sospechosos fueron privados de la libertad y llevados hasta la dependencia de la fuerza de seguridad. Mientras, se inició el trámite judicial en el que Aníbal Martínez, fiscal federal de Primera Instancia solicitó la aplicación de la ley nacional 27.272, y la jueza federal Cristina Pozzer Penzo dio lugar al pedido, y llamó a una audiencia. El 2 de mayo en la audiencia multipropósito -destinada a tomar declaraciones y acordar la pena- el titular del Ministerio Público Fiscal acusó a los imputados, un albañil y una cocinera, por el transporte de estupefacientes con fines de comercialización, y ofreció la realización de un juicio abreviado. La defensora oficial, Laura Martín, evitó referirse a la acusación realizada, y planteó la inconstitucionalidad de los artículos 353 bis del Código Procesal Penal de la Nación incorporado por la ley 27.272. Fundamentó su solicitud en que la normativa “establece un sistema amplio de flagrancia y que le quita posibilidad a sus defendidos de ser juzgados por un tribunal colegiado”, y reclamó la excarcelación de los encausados.

Control estatal

El pedido de liberación de los sospechosos y de aplicar el proceso convencional de juzgamiento fue cuestionado por el fiscal Aníbal Martínez quien sostuvo que “las normas emanadas por el Congreso gozan de legitimidad y razonabilidad”. La jueza de la causa fue coincidente con el funcionario del Ministerio Público y resolvió rechazar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la Defensa Pública Oficial, y sugirió continuar con el trámite iniciado. “A mi entender, realizado el control de Constitucionalidad y Convencionalidad, las normas atacadas no contradicen otras de jerarquía supranacional”, sostuvo la magistrada. Remarcó que la ley de Flagrancia se asienta en el derecho del imputado a tener un proceso judicial sin dilaciones, y además puede producir pruebas y controlar el avance del juzgamiento, y puso énfasis en que “se despapeliza la Justicia, quita burocracia pero sin descuidar la garantía de los Derechos”. Además ordenó “mantener la medida cautelar de restricción de la libertad”, esto es porque considera que existe peligro de fuga. La decisión fue cuestionada por la defensa y ahora será la Cámara de Apelaciones la que deberá resolver cuál será el método por el que se juzgará a los imputados.s