Cuando el silencio no es salud

Un episodio de inusitada gravedad tuvo lugar el miércoles a la tarde en el hospital Pediátrico “Juan Pablo II”. La terapia intensiva sufrió un desperfecto eléctrico que dejó fuera de servicio a todos los equipos que son indispensables para atender a los pacientes en estado delicado por lo que hubo que implementar, a las corridas, una mudanza masiva a otros sectores del hospital con el riesgo que eso implica, pero además hubo fuego en el lugar. Como consecuencia del cortocircuito en el tablero se desató un incendio que a duras penas fue sofocado. Una urgencia sumada al drama humano, pudo ser una catástrofe. Afortunadamente lograron salvar la situación, aunque quedaron secuelas: un niño sufrió un paro cardíaco y otros pequeños hacen frente a sus dolencias en un ámbito poco propicio. Necesitan cuidado en un lugar especial. Hasta al cierre de esta edición no habían logrado solucionar el problema (que es estructural) y la Unidad de Terapia Intensiva funcionaba parcialmente. Estos son los hechos, puede que algunos detalles no sean correctos, pero el cortocircuito existió, el fuego también y hubo que mudar a los pacientes. La crónica es la reconstrucción de información que en voz baja se filtró de distintas áreas del hospital. Sucede que hubo un apriete, profesionales y empleados recibieron una advertencia: “Si salen a los medios serán sancionados”. La orden fue mantener en secreto lo ocurrido. Ni siquiera llamaron a los bomberos.

El objetivo, evidentemente, era impedir que tomara estado público otra más de las falencias que tiene el “Juan Pablo II” debido a la falta de mantenimiento. El punto es que el personal fue intimidado con la aplicación de las medidas disciplinarias contempladas en el Estatuto de Empleado Público. Los amordazaron recordándole que la ley Nº 4.067, que reglamenta la actividad laboral en el Estado provincial, dispone “obligaciones” de confidencialidad que, en determinado contexto, adquieren carácter de censura y que se castigan con apercibimiento, suspensiones, incluso con cesantía. Este curioso recurso para imponer el silencio, empujó a indagar en la denominada ley “Del Servicio Civil de la Provincia”, que si bien no tiene un artículo específico de censura, contempla bajo una brumosa exigencia de “discreción” una obligación a los empleados de no contar lo que saben, a menos que un superior lo habilite. Se trata del Artículo 66º que impone “Obligaciones” tales como: Inciso b) Obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico competente para darla y que tenga por objeto la realización de actos de servicios que correspondan a la función del agente. O el Inciso c) Guardar la discreción correspondiente, con respecto a todos los hechos e informaciones de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de lo que establezcan las disposiciones vigentes en la materia de secreto o reserva administrativa, excepto cuando sea liberado de esa obligación. Este articulado -que, ciertamente, es muy extenso- se complementa con el Régimen Disciplinario, descripto en el Título III de la mencionada ley, que contempla distintas sanciones. Claramente esta exigencia de “discreción” colisiona con la lógica cuando se trata de alertar sobre los inconvenientes o fallas que impiden el cumplimiento del servicio. De hecho el Artículo 66º, en el Inciso e) habla de “Cuidar los bienes del Estado, velando por la economía del material y conservación de los elementos que fueran confiados a su custodia, utilización y examen”. ¿Cómo se compatibiliza, en caso de incendio, la discreción con el cuidar los bienes? Según parece, en el Pediátrico quieren personal mudo y ajeno a la realidad. Es grave: la mordaza va a contrapelo de garantías constitucionales y del más elemental sentido común. s