El 2x1 de alta radiactividad

El fallo de la Corte Suprema que avaló la aplicación del 2x1 para un condenado por delitos de lesa humanidad volvió a pinzar un nervio muy sensible de la sociedad argentina. La decisión de tamaña implicancia fue sorprendente y con consecuencias impredecibles, por lo pronto si se continúa aplicando podría deparar la libertad de represores emblemáticos en un claro retroceso al proceso de verdad y justicia que marcó la vida institucional de la Argentina en los últimos años respecto de aquel período trágico de la historia. Por eso hubo pronunciamientos fuertes en los últimos días, también en Corrientes. El oficialismo, es decir el PRO y el radicalismo, fue el único sector que, envuelto en la incomodidad, hizo silencio sobre el asunto.

Pero, más allá de la urticaria que genera el fallo, la conducta de los jueces del máximo tribunal de la Nación empuja a especular sobre un nuevo alineamiento de la Justicia en orden a un color político. Por ahora es sólo una sospecha, pero así comienza la inclinación natural. La medida fue adoptada por una mayoría estrecha (3 a 2), es decir que tiene un vicio de origen: su condición de discutible. Los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti aplicaron el criterio de la “ley más benigna” al beneficiar con el 2x1 a un imputado por delitos de lesa humanidad, pero los otros dos miembros de la Corte, su presidente Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, consideraron que esa interpretación “es insuficiente para dar una solución adecuada a un tema de indudable relevancia institucional”. Además de los esperados rechazos de organismos de Derechos Humanos, el kirchnerismo y la izquierda; el Gobierno y prácticamente todo el arco político discreparon con la decisión. La objeción hermanó a sectores enfrentados. En la Justicia también había disidencias con la decisión del máximo tribunal por esa y otras razones, como la vigencia de la ley 24.390 del 2x1 derogada en 2001. Algunos conceden que la norma no excluyó a los acusados por delitos contra la humanidad como adujeron Highton, Rosatti y Rosenkrantz. Una primera reacción de fiscales y magistrados fue postergar decisiones o considerar que el fallo no es aplicable a otros casos. Lo hicieron al rechazar planteos de abogados de represores que se apuraron a pedir el mismo tratamiento que el favorecido por la Corte, Luis Muiña, un civil condenado por su actuación en la desaparición de personas en el Hospital Posadas. El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) se negó a aplicar el fallo al caso de Héctor Girbone, condenado por robo de bebés, y al obstetra en la Esma José Luis Magnacco. Una resolución similar -aunque preliminar- adoptó el TOF 2 de Mendoza ante un planteo del ex policía Norberto Mercado, quien está detenido desde 2012. Dice el analista Gabriel Profiti en su habitual columna de la agencia NA: No está claro el alcance de la rebelión y si propiciará una aplicación restrictiva de la resolución. Un camarista reconoció en privado que “es complicado desobedecer a la Corte pero el fallo es flojo jurídicamente” y “su conclusión desnaturaliza la pena para este tipo de delitos”. La posibilidad de que la decisión sea revertida en el exterior es limitada: otro pronunciamiento reciente de la Corte Suprema señala que un tribunal internacional no puede actuar como instancia revisora de sus sentencias. El fallo colocó en el frontón a la administración de Mauricio Macri, que viene siendo acusada de querer tender un manto de impunidad sobre los delitos de lesa humanidad. Y más allá de la simpatía o no, lo concreto es que desde el 10 de diciembre de 2015, el Ejecutivo concedió el marco para una “desaceleración” judicial en esta materia, poniendo en tela de juicio algunos ángulos de la política de Memoria, Verdad y Justicia. s