El Ente Regulador de Energía de Corrientes no será útil amarrado al poder político

POR HÉCTOR RODRÍGUEZ SALAS *

Si no se cumplen estos requisitos sus atribuciones se reducen a una jerarquía dependiente de una Subsecretaría o Se­cretaría operativa, lo que re­sulta completamente ilógico.

Es de conocimiento gene­ral, el Ente Provincial Regu­lador de la Energía (Epre) de Corrientes es un organismo específico de control técni­co/económico de la Direc­ción Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), su titular legal es el Gobernador y el interventor es el ministro de Hacienda y Financias, ade­más el delegado o subinter­ventor no tiene anteceden­tes profesionales del sector energético.

Por sus obligaciones y provenir de profesiones aje­nas no pueden profundizar en un servicio energético público, monopólico, cauti­vo, vital para la sociedad. Y agravado porque se maneja con reglas muy específicas: Ley Nacional 24.065, MEM (Mercado Eléctrico Mayo­rista), Cammesa (Compañía Administradora Mercado Mayorista). Además de todo esto, Transnea inamovible.

Entonces, ¿qué regula y qué controla el Epre?

Si la dependencia u oficina actuara efectivamente como reguladora y control del ser­vicio, debería plantear coin­cidencias o disidencias de fondo sobre:

- Aumentos tarifarios: de­formación de las facturas, cargo fijo, tarifas, consumos.

- Cortes de servicio: tiem­po de restitución de los cor­tes de energía.

- Lucro cesante: daños por largos períodos de suspen­sión de energía.

- Asesoramiento sobre obras: propuestas sobre tensiones de 132 kW, ley de Energía 24.065.

- Costos de distribución: aumento del kilovatio hora injustificado.

- Relación con Transnea: falta de reglamento inte­rrupciones en 132 kW. Ley 24.065.

- Conexiones ilegales: esti­madas 40% de los conecta­dos al servicio.

- Despacho de cargas: re­ducción de tiempos de corte, maniobras, coordinación de acciones.

- Cammesa: multas de la compañía por pérdidas no técnicas, retrasos.

Si se leen los requisitos y obligaciones que deben cumplir los que resulten se­leccionados en el llamado a concurso público para in­corporar tres profesionales, sorprende las limitaciones que deberán acatar los in­tegrantes del futuro Epre, en función de que tienen prohibido opinar, expresar, publicar, o emitir comuni­cados sobre tarifas, estudios de aumento, comparaciones con otras provincias, críticas sobre el servicio, falta de in­dependencia.

A los temas señalados más arriba, el reglamento de la ley los excluye y ninguno puede ser incluido sin previa autorización en audiencias públicas al respecto. Lo par­ticular de la ley que fundó el Ente Regulador de la Energía es la designación del secreta­rio que dispone sobre fechas de reunión, temas a incluir, autorizaciones, es decir más atribuciones que los titula­res del Epre.

Lo curioso es que el cargo del secretario del Epre no se cubre por concurso sino por designación directa del Po­der Ejecutivo provincial.

La prensa hizo público que las provincias, para recibir ayuda económica del Poder Ejecutivo Nacional destina­da a reforzar el servicio eléc­trico, deben contar con un Ente Regulador (Enre) crea­do por ley provincial, similar al Enre nacional en lo que respecta a su conformación, constitución, atribuciones, recursos y libertad.

Corrientes reactivó el concurso de septiembre del 2011, publicado en octubre del 2012, con condiciones y orientación completamente distintas, lo que dará lugar a futuros cuestionamien­tos. Esta opinión podrá o no compartirse pero aspiro a que mantenga viva la cues­tión, se conozca y se corrija un organismo creado para mejorar el funcionamien­to de un servicio público energético, monopólico, con mercado cautivo, catalogado como derecho humano, pero con una Ley que desvirtúa sus propósitos. s

(*) El autor es ingeniero y ex profesor de la Unne.

El precio de la luz

POR GABRIELA ORIGLIA

La polémica generada en Córdoba por los aumen­tos del servicio eléctrico, que alcanzan hasta el 100%, reabrió la discusión por la política de subsidios a nivel nacional. El gobernador Juan Schiaretti responsabili­zó a la Nación por los incrementos. Una comparación de las tarifas puras que cobran las distintas empresas distribuidoras del país (sin impuestos, tasas ni cargas extras) muestra una amplia heterogeneidad. Neuquén, con $447,38 mensuales, es la más alta, y Santa Cruz, con $105, la más baja; ambas prestadoras son estatales.

Una comparación entre la mayoría de las distribui­doras del país (las que publican sus cuadros tarifarios), tomando como base un consumo de 200 kW mensua­les, el promedio residencial de una vivienda sin exce­sos de artefactos eléctricos. No se computan descuen­tos por ahorro de energía ni tarifa social. Ese monto en Santa Fe alcanza los $456; en Jujuy, $382,56; en Salta, $292,88; en Mendoza, $201,92; en Chaco, $257,96 (el precio del kW incluye el IVA); en Entre Ríos, $321,68; en Tucumán, $250; en Neuquén, $447,38; en Catamar­ca, $309,86; en Córdoba, $406; en Misiones, $263,69; en Corrientes, $291,64; en Río Negro, $273,90, y en San Luis, $307,61.

A pesar del rebalanceo, las distribuidoras de la Capi­tal Federal siguen teniendo tarifas que están entre las más bajas del país. Para el ejemplo analizado, en Edesur se pagan $221,52, y en Edenor, $213,34.

Las tarifas eléctricas en todo el país tienen dos com­ponentes: el precio de la energía en el mercado mayoris­ta (que ahora es igual en todo el país); el primero cubre principalmente los valores de generación y el segundo, los de las redes locales (capital más costos de operación y mantenimiento). Desde la asunción de Mauricio Ma­cri y el inicio del rebalanceo tarifario, todas las juris­dicciones empezaron a pagar un precio único por las compras al mercado mayorista (antes existían algunas diferencias), pero, además, se empezaron a cortar los subsidios para obras a Edenor, Edesur y Edelap, entre­gados a cambio de que no subieran las tarifas.

A esa modificación se le suma otra: hay incrementos de los precios del mercado mayorista que tienen ma­yor impacto en las tarifas que estaban más atrasadas, pero que todavía no alcanzan para equiparar las bre­chas existentes. Por ejemplo, en Edenor el megavatio/hora para una industria cuesta $1.120; en la Empresa Provincial de Córdoba (Epec) el valor es de $1.710, es decir, un 50% más.

Las distribuidoras de energía -la comparación no in­cluye a las cooperativas eléctricas, donde las diferen­cias se amplían- cobran un cargo fijo independiente del consumo y uno variable, que se aplica a la cantidad de kW demandados y que varían por segmento. Los cargos fijos van desde $5,20 mensuales en Mendoza (Edemsa, privada, atiende 11 departamentos de la pro­vincia) hasta $117,18 en Catamarca (Energía Catamarca Sociedad del Estado). En promedio, el costo mensual se mueve entre los 30 y los 35 pesos. s