Acusan al ex intendente de dejar una deuda millonaria

Desde la Comuna santarroseña, las autoridades ejecutivas denunciaron que continúan padeciendo serias consecuencias económicas, fruto de la mala gestión y administración económica anterior, según dijeron. Así, señalaron que deben hacerse cargo de millonarios embargos y reclamos de la Justicia. “La herencia de la gestión de Marcelo Otazo y Juan José Encinas, ex intendente y vice, sigue generando graves consecuencias para el desarrollo de programas y proyectos en Santa Rosa. A los expedientes por subsidios no rendidos ante los organismos públicos, se suman otros que evidencian el manejo fraudulento de los fondos públicos”, explicaron desde el área de prensa. En esta oportunidad, hicieron públicos documentos con números de expedientes y números de cheques, de los montos que habrían sido recibidos por Marcelo Otazo y que no fueron rendidos, por lo cual se desconocen los destinos de los mismos. Las autoridades expresaron que existen expedientes que se tramitan ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia por valores de $150.000, $200.000 y $1.800.000. A todo ello, recientemente el Municipio fue notificado por cédula Nº 564/17 que se le solicita la rendición de $1.700.000, que fueran recibidos por Otazo y que estaban destinados a la construcción de 20 viviendas de madera. Al respecto, el concejal Eduardo López sostuvo: “Es claro que durante la gestión anterior hubo un plan criminal organizado para manejar fraudulentamente los fondos públicos. En el caso particular no se puede aceptar que para la construcción de una vivienda de madera se haya destinado $85.000. A medida que van llegando las notificaciones, nos vamos enterando que éramos administrados por una organización criminal, que lo único que pretendían era enriquecerse a costilla del pueblo”. Según informes del área contable, los montos recibidos y no rendidos ascienden a $3.850.000, lo que debe ser devuelto y afecta actualmente los recursos municipales. El intendente Pedro Maidana señaló que los ciudadanos tienen derecho a acceder a esta información, para juzgar correctamente la actuación de sus representantes y, eventualmente, hacerlos responsables de los perjuicios que provocan”.s