El límite de la pobreza

Temario, el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, adelantó ayer que la inflación de mayo cerrará en 1,8%, lo que no representa una cifra satisfactoria, todo lo contrario. El vaticinio no está lejos del pronóstico de las consultoras privadas, pero no coincide; los analistas sostienen que el índice de precios mensual podría superar el 2%. De todos modos aún falta bastante para el cierre de mayo y todo es posible. Si se cumple el adelanto del funcionario, en el segundo semestre la inflación tendrá que ser de 0,5% mensual para alcanzar la meta de 17% que se fijó el Gobierno nacional. Parece bastante difícil.

Mientras tanto, Dujovne se compró un problema extra, como si no tuviera bastante. Cerró por anticipado la medición inflacionaria de mayo. Si acierta ganará en confianza, pero ¿y si sale mal?; el ministro no debería jugar a la ruleta con los números de la economía que más molestia causan al asalariado. Justo, en medio de este peculiar escenario, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer el valor de la Canasta Básica Total (CBT) la cual registró una suba de 2,91% y acumuló en el cuatrimestre un alza del 10,22%. En abril, una familia tipo necesitó en abril un ingreso de 14.501,06 pesos para no ser considerada pobre; en tanto para no ser indigente, una familia precisó un ingreso de 5.918,80 pesos, según la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la cual tuvo un incremento de 2,07% en abril y acumuló en cuatro meses una suba del 8,4%. En los primeros cuatro meses del año el precio en la CBT aumentó 10,2% por encima de los precios minoristas que midió el Indec en el mismo período y que arrojó un alza del 9,1%. En los últimos doce meses el costo de la canasta básica que utilizan los sectores más bajos de la población creció un 28,0%, de acuerdo con las cifras oficiales. Los datos corresponden a la valoración mensual que realiza el organismo de estadísticas de la Canasta Básica Total (CBT), que reúne los bienes y servicios básicos para una familia tipo de cuatro miembros, formada por dos adultos y dos menores, y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que reúne las necesidades kilocalóricas y proteicas imprescindibles. Sobre estos parámetros se definió el límite de la pobreza para una familia que tiene ingresos regulares y que no debe estar por debajo de los 14.501 pesos, lo que pone a muchos argentinos en un indeseado segmento. Por ejemplo, buena parte de los empleados públicos correntinos percibe ingresos menores a esa suma, es decir que integran hogares que se encuentran debajo de la línea de pobreza. No son los únicos del país. Ayer el Gobierno nacional puso en marcha el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, que cuenta con el apoyo de movimientos sociales y la Iglesia. El programa permitirá dar certificados de vivienda familiar a 2 millones de habitantes de unas 4.100 villas y asentamientos de todo el país, además de acceder a distintos servicios. La medida -puesta en marcha mediante el decreto 358- fue celebrada por organizaciones sociales y por Cáritas, que la consideraron positiva. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stnaley la definió como histórica. El registro se pone en marcha tras el relevamiento nacional de barrios populares que realizó la jefatura de Gabinete junto con las organizaciones sociales y Cáritas, entre agosto de 2016 y mayo de 2017, que determinó la existencia de 4.100 barrios populares -villas, asentamientos y urbanizaciones informales-, con déficit en el acceso a los servicios básicos y una situación de dominio irregular en la tenencia del suelo. Según ese registro, en la provincia de Buenos Aires hay 1.612 barrios “populares”; en Santa Fe 333; en el Chaco 269; en Misiones, 243. La provincia de Corrientes está a mitad de tabla con 107 barrios populares; La Rioja cierra el ranking con 14.s