Habilitarán un registro para facilitar el acceso vecinal al agua y la electricidad
Más de un centenar de asentamientos podrán acceder a la medida en Corrientes. El plan comienza en junio en terreno tomado de capital.
En pocos días las familias de un asentamiento de la capital contarán con un certificado de vivienda que les posibilitará iniciar los trámites para una segura y legal extensión de los servicios de energía eléctrica, agua potable y cloacas. Aunque todavía no se informó qué zona formará parte de la prueba piloto del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap), el 1 de julio próximo se iniciará la prueba piloto en esta ciudad y en los municipios de Vicente López y Lomas de Zamora, en Buenos Aires. El mismo fue creado esta semana mediante un decreto presidencial y su función principal será registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016. El relevamiento se realizó el año pasado y el objetivo era ubicar los factores de riesgo en cada zona. En capital relevamos 60 asentamientos, donde encontramos hacinamientos, mucha deserción escolar y mucho trabajo informal, comentó a NORTE de Corrientes, Nelson Baglietto, del frente Jóvenes de Pie, del movimiento Barrios de Pie que trabajó junto con la Corriente Clasista Combativa (CCC), la organización Techo y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). El objetivo es que puedan acceder a la luz eléctrica y el agua de manera correcta, porque en la actualidad cuentan con los servicios de manera deficiente, agregó. De acuerdo con el relevamiento, en la provincia de Corrientes existen 107 asentamientos irregulares. Todavía se desconoce qué asentamiento será el primero en contar con los certificados -que no tendrán valor en términos de titulo de propiedad- pero ya se informó que la extensión de los mismos estará a cargo de la Anses, a partir del 8 de junio. En un comunicado conjunto difundido ayer, las tres organizaciones sociales y la ONG Techo remarcaron que con esta decisión el gobierno avanza en el reconocimiento de los asentamientos del país. Destacaron que el certificado es un documento que legaliza el domicilio y reconoce el derecho a acceder la red pública de agua, electricidad y cloacas, y además les permite exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos. El certificado de vivienda familiar es el primer paso en un largo camino hacia la integración plena de nuestros barrios. Pero sabemos que no basta con un documento -ni siquiera con una ley- para lograr tierra, techo y trabajo para todos. Es una tarea que implica compromiso, unidad y solidaridad, señalaron. Según los datos preliminares de un relevamiento, las cifras de los barrios populares se distribuyen por todo el país de la siguiente manera: Buenos Aires, 1.612; Ciudad de Buenos Aires, 55; Chaco 269; Chubut, 56; Córdoba, 172; Corrientes, 107; Entre Ríos, 168; Formosa, 78; Jujuy, 91; Mendoza, 205; Misiones, 243; Río Negro, 114; Salta, 145; San Juan, 29; San Luis, 23; Santa Fe, 333; Santiago del Estero, 47; Tierra del Fuego, 36 y Tucumán, 186.s