Las medidas en su justa medida

La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes concretó ayer el lanzamiento de dos medidas que perfilan un beneficio, aunque al mismo tiempo encierran interrogantes que pondrán a prueba la expectativa auspiciosa que despiertan a priori. Se trata de, primero: un descuento que gozarán en la carga de combustible los remiseros y taxistas; y segundo: una bonificación para los conductores de vehículos, radicados en la capital, que son usuarios del estacionamiento medido.

El intendente Roberto Fabián Ríos, que encabezó un acto en el Palacio, con la presencia de la prensa, para oficializar los anuncios lo presentó como una acción en favor del bolsillo de los trabajadores y los vecinos, pues -por ejemplo- con el programa de descuentos en el precio de la nafta, los operadores del transporte particular podrán trasladar esa mejoría a la tarifa, es decir a los pasajeros. Es de esperar que el beneficio impacte de manera directa, pero los procesos comerciales suelen estar condicionados por una multiplicidad de factores que conspiran contra las buenas intenciones.

En este sentido hay mucho de voluntarismo y poco de intervención estatal para encarrilar una actividad carente de regulación pública; el servicio de remís no es un servicio público, lamentablemente el Concejo Deliberante (y el anterior gobierno municipal) eludió ese debate, tan indispensable. En este escenario cualquier mejora en el precio de la provisión del insumo básico (combustible) supone un beneficio sectorizado, que no necesariamente se va a derramar a los usuarios del servicio.

No obstante, la medida es positiva. Pero hay que dimensionarla en su justa medida sin abrigar esperanzas que luego pueden desmoronarse. Otro tanto sucede con el segundo anuncio que dio ayer la Intendencia capitalina, referido a la bonificación de una parte de la tarifa del estacionamiento medido, y que constituye una medida fiscalista que no cambia la ecuación económica -en lo macro- y que implica una abierta contradicción con la idea que vino promocionando esta gestión para desalentar la circulación de vehículos en el centro.

“A partir del 1 de julio los propietarios de vehículos radicados en esta jurisdicción, van a tener descuentos del 20% por el uso del estacionamiento medido, que se va a computar en el impuesto automotor”, señaló Ríos.

En realidad no habrá descuento, los usuarios seguirán pagando 10 pesos por hora o fracción, lo que hará la Municipalidad es imputar 2 pesos de esos 10 a cuenta del pago de la patente. Se trata de una maniobra administrativa, fiscalista, tendiente a dibujar un beneficio vidrioso. Resulta que los operadores del sistema (ex tarjeteros) seguirán recibiendo la misma cantidad de dinero, las ONG permisionarias también. Los usuarios pagarán el mismo precio, pero a la Municipalidad le entrará menos dinero porque lo que bonifica a cuenta de la patente lo pierde en estacionamiento. Supuestamente la jugada consiste en incentivar la radicación de vehículos en la jurisdicción y evitar que anoten autos o motos en localidades vecinas, eludiendo al fisco de la ciudad. La idea no es mala, pero hay otras medidas más efectivas para lograr idéntico resultado y sin conspirar contra la caja.

Otro objetivo de la gestión es facilitar el uso del estacionamiento público, mediante la seducción de la bonificación de patente, de tal modo que crezca la clientela para que los “tarjeteros” dejen de quejarse por el bajo rendimiento del negocio. El punto es que esta medida va en contra de la ordenanza 1.971 que originó el estacionamiento medido para “descongestionamiento del tránsito y estacionamiento en la zona céntrica de la ciudad, desalentando la utilización innecesaria de las vías principales”. Con este argumento, la Municipalidad machacó hasta el cansancio, ahora invitan a hacer lo contrario. s