Señalan a empresarios como los posibles proveedores de cannabis

Un testigo de identidad reservada de la causa que originó el Operativo Sapucay, señaló a empresarios paraguayos como los proveedores de estupefacientes a gran escala a bandas narco de nuestro país. Según consta en la causa 3002/2017 originada por la Procuración de la Narcocriminalidad los sospechosos realizaban transacciones con los integrantes de las organizaciones correntinas con quienes organizaban las entregas de, según el expediente, hasta 15.000 kilogramos de marihuana por semana.

El testimonio revela que los proveedores de los itateños estarían radicados en Itá Corá, localidad paraguaya del departamento de Ñeembucú, ubicada en la costa del río Paraná frente a la localidad de Itatí. En esa localidad, además de realizar las negociaciones habrían puesto en marcha importantes emprendimientos comerciales en la zona entre los que se encontrarían los de hotelería y gastronomía.

En la causa judicial tramitada por el juez Sergio Torres un testigo afirmó que esos empresarios de Paraguay “proveen a todo lo que es Itatí, Yahapé, Paso de la Patria” y hasta llegaría a la ciudad Capital de la provincia por medio de embarcaciones”. Asegura que “hacen quince mil kilos por semana”, y ofreció detalles respecto al camino que recorre el estupefaciente desde el lugar de producción hasta el de acopio, el Corrientes.

Según dijo, desde el Norte paraguayo trasladan los cargamentos hasta la ciudad de Ayolas, a 300 kilómetros de Asunción, y “de ahí la traen en lanchas hasta las islas al frente de Itatí, y de ahí la distribuyen”. Las entregas se realizarían a la organización dirigida por Luis “El Gordo” Saucedo, empleado municipal prófugo y sindicado como uno de los cabecillas de la red de narcotráfico que funcionaba en Itatí.

Desde allí también se proveería a los colaboradores de Federico “Morenita” Marín -quien asegura que se dedica al comercio- otro de los señalados como organizadores del tráfico de marihuana en la provincia de Corrientes. Tanto Saucedo como Marín están prófugos de la Justicia argentina y se cree que estarían instalados en el vecino país, aunque con escasa capacidad económica para continuar con el tráfico a gran escala.

Están acusados de proveer de estupefacientes a bandas de siete provincias, incluida a la organización rosarina de Los Monos y a la de “La Peque” Robles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.s