Luna Gorda: para un camarista, la condena a Martínez es desmedida

El juez Gustavo Hornos, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal que falló recientemente por mayoría de votos en contra de los dos secuestradores de J.G. -nieta de un conocido empresario correntino del juego-, rechazando los planteos defensivos y confirmando la condena de 20 años de prisión para cada uno, afirmó que el monto de la pena impuesta a Liz Dorothy Martínez “luce desproporcionada, desmedida y carente de fundamentación”. El camarista Hornos, si bien compartió “en lo sustancial” como lo afirmó en la sentencia casatoria de 88 páginas -a la que tuvo acceso NORTE de Corrientes-, con sus pares Ana María Figueroa -presidenta- y Mariano Hernán Borinsky en relación a todos los planteos interpuestos por los defensores de los condenados por el secuestro extorsivo, Fabricio Solari y Liz Martínez, opinó en disidencia en relación a la sanción de encierro impuesta a esta última. “Entiendo que, tal como sostiene el recurrente (el abogado Guillermo Rojas Busellato en representación de Martínez), el tribunal aplicó la misma pena a ambos sin valorar individualmente el accionar desplegado por cada uno de ellos (...) comparto el criterio alegado por la parte en cuanto a que la intervención que cada uno de los enjuiciados tomó en el plan delictivo amerita una valoración individual de la conducta a los fines de fijar la pena que en concreto les habrá de corresponder”, argumentó el camarista. El juez continuó con su fundamento: “Conforme ha quedado acreditado, fue el imputado Solari quien ideó el plan criminal, aprovechándose de sus conocimientos sobre el procedimiento para retirar a la niña del jardín de infantes Luna Gorda porque también allí asistía su hijo, conociendo los teléfonos de contacto y al personal; valiéndose de que su hijo había sido compañero del hermano mayor de la víctima para obtener el teléfono celular de la madre de ésta y así poder realizar las llamadas extorsivas; como así también que fue éste quien dispuso la logística para el traslado de la niña y proporcionó los lugares donde se la mantuvo en cautiverio”. Sin embargo, en relación a Martínez, Hornos afirmó que la conducta de ésta consistió en “presentarse en el jardín y retirar a la niña, para lo cual habría proporcionado un nombre de pila falso (María) y así logrado el acceso hasta la salita donde se encontraba la misma, en donde las maestras se la entregaron”. Además el camarista observó que Martínez tuvo contacto con la niña por escasas horas. “Menos de tres -aseguró y detalló- desde que la retiró del jardín de infantes hasta que la llevó en el remís que la esperaba a la salida de la institución al lugar designado por Solari para dejársela a éste, para luego retirarse. En base a todo lo expuesto, considero que el monto de pena impuesto a Martínez no se presenta en principio proporcionado a su culpabilidad en el hecho. Los magistrados (por el tribunal de juicio de Corrientes) en su razonamiento para graduar las sanciones aplicadas redunda en una arbitrariedad en tanto la pena impuesta a Martínez resultó desproporcional”. El Tribunal Federal de Corrientes, integrado por los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni, había argumentado en forma unánime en el fallo condenatorio tras el juicio de finales de 2015: “La obra criminal fue construida de modo conjunto. Para los jueces correntinos ha quedado acreditado que la planificación, organización y consumación del secuestro de la niña que en ese entonces tenía dos años se produjo en común acuerdo entre Solari y Martínez, por lo que ambos conocían desde el inicio el hecho. Existía una división de tareas, por lo que cada uno de los secuestradores tenía a su cargo el cumplimiento de un rol y una etapa del plan delictivo”. Es por ello que se les atribuyó a ambos la coautoría por la cual recibieron el mismo monto de pena y fueron ubicados en el mismo nivel de la escala penal que contempla el artículo 170, inciso 1º del Código Penal. s