El Gobierno reclama deudas

POR ALBERTO RUIZ DÍAZ

 A la vez, del lado municipal replicaron que el Gobierno de Colombi adeuda mucho más, y lamentaron que “esto ocu­rra en épocas electorales”, y que “si tenían buena intención y voluntad de avanzar, hubieran llamado a un proceso de conciliación”.

El IPS, Dpec y Ioscor son instituciones autárquicas que han sido intervenidas por el Poder Ejecutivo provincial, siendo los interventores, delegados temporarios para solucionar las causas que motivaron las intervenciones, pero no poseen las atribuciones de las autoridades naturales establecidas en cada ley orgánica de las instituciones. Sin embargo, es el caso que en la actualidad son instituciones que ni siquiera tienen autoridades temporarias, al haber cesado éstas por imperio de la ley, aunque continúan firmando y apareciendo como in­terventores por obra y gracia del eje Mercedes-Virasoro, que se volvió incapaz de hacer otra cosa que no sean payasadas.

En la conferencia de prensa del lunes pasado los portavo­ces del Gobierno fueron Lorena Lazaroff, una personera del gobernador en el IPS; Alfredo Aun, un subempleado de Vaz Torres -quien además de ministro es también personero del gobernador en la Dpec- y un gerente del Ioscor, que no es el titular de la institución ni representa a los beneficiarios.

Un caso en que la Justicia provincial debió resolver una ac­ción contencioso-administrativa, iniciada por una empresa contra uno de los entes autárquicos, los ministros del Supe­rior Tribunal de Justicia (STJ) analizaron la causa y señalaron que el interventor del ente no era la autoridad de Gobierno del mismo, conforme a lo establecido en la respectiva ley, ya que el interventor de la institución “es un delegado del Poder Ejecutivo provincial, quien ha intervenido la institución” y, por consiguiente, tiene sólo aquellas atribuciones que sean imprescindibles para solucionar la causa que motivó la intervención y asegurar la continuidad jurídica de la institución, vale decir que según el STJ el interventor carecía de atri­buciones para disponer el acto transaccional del caso por sí mismo. “Tal es entonces la regla, y no que el interventor tenga las mismas facultades que el Directorio”, agrega el fallo. Esa definición de los límites de un interventor expresada por el STJ es, ni más ni menos, lo que se establece en la Constitu­ción y en la ley administrativa del Estado.

El fallo aludido se dictó en un acuerdo transaccional res­pecto de la pretensión de una empresa y la defensa de un ente autárquico intervenido, en el cual la validez del cargo del interventor no era motivo de conflicto, y viene al caso porque, a diferencia de un acto mediático donde autoridades truchas hacen declaraciones que pueden lograr la aceptación de algunos crédulos, la aceptación judicial es un requisito ineludible para la validez de las transacciones de derechos litigiosos y, así, el desbarajuste en la administración pública implica el eventual perjuicio que el funcionamiento irregular puede acarrear en el futuro, en caso de que el Estado provin­cial pierda juicios por actos en nombre del Estado, llevados a cabo por agentes con tacha de invalidez por caducidad, como por ejemplo en alguno de los entes autárquicos que figuran en la conferencia de prensa cuyos órganos de administración -conforme a sus leyes orgánicas- han sido suplantados por personeros del Gobernador.

En opinión de este cronista los actuales interventores ni siquiera son delegados del PE, sino del gobernador Ricardo Colombi en persona, ya que están fuera de todo ordenamien­to que rige la actividad administrativa del Estado.

El desquicio pasa desapercibido en el clima de negocios propio de una administración cartelizada, donde casi siem­pre hay lugar para arreglos por izquierda. El detalle es que las prácticas del eje Merce­des-Virasoro deja a la Dpec, al IPS y al Ios­cor en estado de inminente insolvencia, según las cuentas opacas que han tras­cendido.

El disimulo por parte de franjas del po­der judicial y del poder legislativo -acerca de las transgresiones que se cometen contra las leyes bajo las cuales viven- parece funcional, no tanto a la impunidad como a la legitimación ficticia de los desagui­sados. El tema cambia si en el futuro se pierden juicios. La pregunta viene sola: ¿quién pagará daños e indemnizaciones, ¿el Estado, es decir todo el pueblo? o los aventureros, entre otros, el ministro Enrique Vaz Torres y el gobernador Ricardo Colombi.s