Ocultamiento y manipulación

Aunque pregonan transparencia y se manifiestan republicanos, respetuosos de la institucionalidad, algunos gobernantes tropiezan permanentemente con sus propios cordones cuando intentan mostrarse como parte del cambio. Las prácticas del ocultamiento y la manipulación de la información oficial que hacen a los actos de gobierno, constituyen la característica esencial de una clase dirigente que habla sobre, y en nombre de, la democracia, pero la aborrece. Lo único que le interesa es el poder. Esa malsana costumbre se replica en todas las esferas, pasa en los municipios, desde el más pequeño hasta el más poderoso; en las provincias y también en la Nación. En Corrientes los ejemplos abundan, basta con revisar el Boletín Oficial de la Provincia (o de la Municipalidad capitalina) para descubrir que las autoridades producen una serie de hechos, en representación del Estado, que no son dados a publicidad. Se trata de una violación a la legislación vigente.

La lectura cotidiana del Boletín Oficial de Corrientes -una tarea que NORTE de Corrientes ejercita puntillosamente- permite hallar decenas de actos de gobierno que los inquilinos del Palacio de 25 de Mayo y Salta jamás dan a conocer. Medidas que se ocultan y luego se disimulan en un escueto decreto sin datos, apoyándose en resoluciones o procedimientos administrativos que no se detallan y que, para colmo, se dan a difusión con un considerable atraso. Este diario ha publicado en diversas ocasiones informes que evidenciaban la sistemática violación de la Ley Nº 5.388 que establece el tiempo y la forma en que el Poder Ejecutivo Provincial debe informar los actos de gobierno. Esa legislación también determina los plazos para la publicación de las leyes que sanciona el Poder Legislativo y de igual modo impone condiciones al Poder Judicial. Es extraño que ningún funcionario o dirigente se haya percatado de la insultante irregularidad y haya intentado ponerle freno. Alcanza con revisar un ejemplar del Boletín Oficial de cualquier fecha, y tendrá material suficiente para una presentación. No hace falta ir muy atrás en el archivo para detectar irregularidad, por ejemplo en el Boletín Oficial del 31 de mayo pasado, el último conocido, se publica el texto del decreto Nº 3.197, a través del cual el gobernador Horacio Ricardo Colombi designó como Fiscal de Instrucción de Mercedes (Tercera Circunscripción Judicial) al doctor Adrián Aurelio Casarrubia, quien fue ungido en el cargo a través de un polémico procedimiento que gambeteó a la Cámara de Senadores de la Provincia, el ámbito natural para definir su nombramiento. Como sea, Casarrubia ya está en el desempeño de sus funciones desde hace varios meses, pero el decreto que lo designó fue firmado el 29 de diciembre de 2016, sin embargo se publicó hace 48 horas, casi un semestre más tarde. Durante este tiempo, Casarrubia estuvo al frente de la Fiscalía, produjo actos que importan a la vida, los bienes y el honor de las personas. Hasta donde se sabe no hay máculas en su trabajo, sin embargo el hombre estuvo ejerciendo sin que su decreto de designación se haya oficializado. Es un desatino. No se lo merece Casarrubia y mucho menos la comunidad mercedeña. Lo más grave es que no es la primera vez. La irregularidad se repite cotidianamente violentando la Ley 5.833, que fue sancionada el 5 de junio de 2008 y que establece, entre otras cosas, que no hay decretos reservados. Puntualmente el Artículo 5º dice: El Poder Ejecutivo, dentro de los tres (3) días hábiles de firmar los Decretos que emita, remitirá al Boletín Oficial de la Provincia, para su publicación en dicho medio oficial, copias debidamente certificadas de los mismos, respetando estrictamente el orden cronológico y la correlatividad numérica en que han sido dictados.s