El estatismo que quita energías
La demora en la reactivación del consumo lleva al Gobierno a seguir corriendo el arco con la promesa cada vez menos creíble de “brotes verdes” y la “lluvia de inversiones”, y ahora sostiene que los capitales fluyen poco hacia estas tierras porque la rentabilidad de los negocios es baja.
El equipo económico atraviesa severas dificultades para poner en marcha el aparato productivo, en parte porque el contexto mundial sigue siendo reacio a volcar sus capitales en países “fronterizos” como la Argentina.
El analista José Calero advierte que en buena medida las razones en esa demora hay que encontrarlas en que la Argentina se convirtió en un país con baja productividad, carente de infraestructura, con limitaciones de transporte, energía y logística, rutas inundadas, alta presión impositiva y una industria que durante décadas dependió de los subsidios del Estado para crecer.
El ministro de Producción, Francisco Cabrera, ensayó una explicación sobre por qué demora la llegada de las inversiones: “la rentabilidad no es la esperada respecto del riesgo” asumido. El Estado tiene una fuerte responsabilidad en la ineficiencia de la Argentina, porque acorralado por el desequilibrio de las cuentas públicas se transformó en una máquina de aumentar impuestos y generar burocracias con afán recaudatorio, que espantan la inversión.
Macri pareció entenderlo en los primeros meses de su gobierno, pero luego cayó en la trampa de echar mano de la presión tributaria sobre los pocos que afrontan sus obligaciones en la Argentina. El Gobierno también cometió un error de cálculo cuando creyó que sólo arreglando con los fondos buitre comenzarían a llover las inversiones sobre distintos sectores de la economía. La “prueba de amor” no rindió los frutos esperados, pero sí permitió sortear la bomba de tiempo que Cristina Fernández le había dejado atada con un moño a su sucesor. La Argentina pudo acceder al financiamiento necesario para afrontar el desequilibrio de un Estado que se agigantó a niveles insostenibles durante el kirchnerismo. En esos años de fuerte intervencionismo estatal, el crecimiento del empleo público fue el deporte favorito del gobierno nacional, pero también de las provincias, que encontraron una herramienta formidable de disciplinamiento político. Por cada empleo público, ganaban la adhesión de al menos cuatro personas del núcleo familiar.
El último relevamiento de la Fundación Fiel arrojó que el sector público nacional en 2003 tenía 460.000 empleados mientras que en 2016 subió a 739.000, con un crecimiento del 61%. Si se agregan provincias y municipios, en 2003 la planta era de 2.200.000 y en 2016 de 3.579.000, mientras que este año rondará los 3.800.000. Un buen ejemplo es Corrientes. Cuando Horacio Ricardo Colombi asumió en la Gobernación en 2001 había casi 45 mil empleados públicos, hoy supera los 75 mil agentes, en tres lustros el radicalismo duplicó la nómina de estatales sin que brotara empleo en el ámbito privado.
Dice el analista José Calero refiriéndose a la Nación, que la cantidad de empleados públicos casi se duplicó, y de alguna manera el 25% de la población depende o está influida por los empleos que distribuye el Estado, a lo que se deben sumar los planes sociales. En Corrientes, ¿esa ecuación qué resultado da? Al crecimiento del empleo en el ámbito provincial hay que sumar los supernumerarios en los municipios (de distinto color político) que son la consecuencia de un modelo económico local que no genera puestos de trabajo salvo en el sector público. La Fundación Libertad y Progreso -que elogia muchas de las políticas de Macri- advierte que existe una cuestión en la cual no sólo no hubo avances, sino que, por el contrario, no existe progreso. Alude a la “inmensa y aplastante estructura del Estado y al empleo público que carcome las mejores energías del país productivo”. s