Magistrado pide investigar al juez Soto Dávila por posible cobro de coimas

En el contexto de las investigaciones de la causa por el delito de narcotráfico desde la localidad de Itatí, el magistrado federal porteño Sergio Torres podría profundizar las averiguaciones respecto a las posibles responsabilidades que le cabría a su par correntino Carlos Soto Dávila, quien está sospechado de haber recibido pagos para la liberación de imputados por tráfico de drogas. Una agencia de noticias porteña dio a conocer ayer que el juez federal Sergio Torres tendría información suficiente para ordenar una investigación penal contra el titular del Juzgado Federal 1 de la ciudad de Corrientes que aparece mencionado en escuchas telefónicas de los detenidos por narcotráfico en Itatí en el contexto del Operativo Sapucay. Esas comunicaciones hablan de supuestos pagos de coimas para otorgar excarcelaciones a personas detenidas por tráfico de drogas. El expediente habría sido remitido por el Juzgado Federal Nº 12 a cargo de Torres al fiscal Federal de Corrientes, Carlos Schaefer, quien ya investigó a un exfiscal de Paso de los Libres, Benito Pont, y que en 2016 solicitó a la Procuraduría General de la Nación retomar la investigación en una causa que involucra al gobernador de esa provincia, el radical Ricardo Colombi, por supuesto enriquecimiento ilícito. Schaefer además intervino en otra causa en Formosa, cuando estaba a cargo de la Fiscalía Federal de esa ciudad, y llevó a juicio por desmanejos al fiscal federal Danilo Benítez, quien fue destituido en juicio político. Con esa experiencia el titular del Ministerio Público Fiscal avanzará en las averiguaciones al juez Federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, y otros funcionarios judiciales aparecen mencionados en las supuestas escuchas telefónicas, según el texto del procesamiento que el juez Torres, de Comodoro Py, firmó para mantener detenidos a 28 acusados por narcotráfico, entre ellos, el intendente de Itatí, Roger Terán, y su vice, Fabio Aquino y el comisario del pueblo Diego Ocampo Alvarenga. La denuncia contra el magistrado también alcanza a por lo menos dos secretarios a su cargo quienes habrían acordado cobros de sumas que irían desde los $20.000 hasta el millón de pesos para favorecer la situación procesal de imputados en causas que se tramitaban en esa judicatura.

audios incriminatorios

Entre el cúmulo probatorio con el que cuenta el juez porteño Sergio Torres existen 4.000 escuchas telefónicas, producto de intervenciones a los involucrados en la causa. Estas conversaciones fueron transcriptas e incorporadas a la causa 3002/2017 en la que fueron detenidos 29 involucrados y en la que aún están prófugos otros 12, entre ellos Federico “Morenita” Marín y Luis “El Gordo” Saucedo. El otro líder narco es Carlos “Cachito” Bareiro, quien está actualmente detenido en la Unidad Penal de Resistencia, y desde allí habría manejado el negocio al menos hasta principios de este año. Según consta en el expediente, en una de las escuchas Bareiro refiere a que habrían pagado una suma millonaria al juez Soto Dávila quien tramitaba una causa por la que quedó detenido varios años por tráfico de marihuana proveniente de Paraguay. El juez federal Sergio Torres tiene por probado que “Bareiro pagó un millón y medio de pesos al juez que estaba de turno en esa oportunidad, Soto Dávila, por su libertad. Eso fue para que no se haga efectiva la captura que pesaba sobre el mismo... se escuchó que un allegado del juez fue a cenar al domicilio de Bareiro para ir a buscar la plata”. Además, un testigo de identidad reservada habría revelado que un secretario del juzgado, oriundo de la provincia del Chaco, “se encargaba de hacer las transacciones. O sea, hacía de intermediario del juez para estas cuestiones”. En esa supuesta cena, la entrega del dinero la habría realizado un hermano del detenido Bareiro; el expediente precisa que el pago de la supuesta coima se habría concretado a través del secretario del juzgado de Soto Dávila, informó la agencia Noticias Argentinas. En otra parte del expediente, las supuestas escuchas refieren a que Sebastián “Morenita” Marín buscaba liberar a su pareja, Lourdes Alegre, detenida por narcotráfico, y en ese intento habría contratado los servicios del abogado Omar Serial. Pero el juez no quería mantener contacto con Omar Serial, también detenido en el Operativo Sapucay. Según las escuchas, “el problema es que Soto Dávila no la quiere soltar porque es un delincuente y maneja todo”, porque “tiene miedo” y que “cuida su trabajo”, indicando además que “se enteró por un amigo que la Cámara no la iba a liberar”.