De más de 100 mil casos anuales, sólo 1.000 llegan a juicio oral

De los más de 100 mil casos que cada año investiga la Justicia penal, menos de mil llegan a juicio oral y público, y sólo el 4,5 por ciento de las causas que ingresan al sistema judicial superan la etapa de la instrucción. Los datos surgen de un estudio realizado por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), a través del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv), en el que también se determinó que los casos que privilegia la Justicia son los que requieren poca investigación, casos en los que el imputado está detenido, tiene antecedentes penales o estuvo internado en un instituto para niños y adolescentes.

El informe se denomina “¿Qué y cómo se juzga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Una radiografía de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional”, y se realizó en base a 456 expedientes iniciados entre los años 2011 y 2014. Entre los principales hallazgos que resultaron del relevamiento, se destacó que de los más de 100 mil casos que cada año investiga la Justicia penal, menos de mil llegan a juicio oral y público, y los otros se resuelven con la suspensión del juicio a prueba o mediante el juicio abreviado.

También se determinó que “el sistema tiene baja capacidad de investigación, y no sólo parece privilegiar los casos que requieren poca investigación (fraude o robo simple que sumados representan el 50% de los casos en la etapa oral), sino los casos en los cuales el imputado está detenido”.

Según consta en el informe, “también se privilegian los casos en que el imputado tiene antecedentes penales o ha sido internado en un instituto de menores, los casos que el delito imputado ha sido cometido en banda, y en los cuales al imputado se le atribuye más de un delito”.

En la mayoría de los juicios orales (82,4%), según el informe, no se produjeron elementos distintos a los ya recolectados por la policía o en la etapa de instrucción. También se reveló que el sistema “parece respetar en cierta medida los derechos de los imputados, pero también presenta algunas debilidades: la prisión preventiva sólo es dictada para una minoría de los imputados”. La mayor parte de imputados (63,7%) son defendidos por abogados públicos, y en más de uno de cada cuatro casos, el abogado no estuvo presente durante la declaración del imputado ante el juez.

Además, en casi cuatro de cada cinco casos, el abogado no presenta ni solicita ningún elemento de prueba en defensa de su cliente durante la instrucción, ni presenta recursos en defensa de su cliente contra medidas tomadas por el ministerio público o el juez. El informe indicó que, como establece la ley, en la gran mayoría de los casos la policía no interroga al imputado, sin embargo, hay registros donde sí lo hace en el 4,2% de los casos. A su vez, más de la mitad de los imputados durante la instrucción y una minoría de los acusados en el juicio oral hacen uso de su derecho a no declarar y, cuando declaran, casi dos tercios de los imputados durante la instrucción y más de tres cuartos de los acusados en juicio oral, declaran que los hechos imputados en su contra no son ciertos.

El trabajo fue realizado por los investigadores Marcelo Bergman, Gustavo Fondevila y Máximo Langer. El objetivo del informe, según explicaron los investigadores, “es proveer de datos sobre el funcionamiento de la administración de justicia penal en Argentina, es decir, sobre el trabajo que realizan policías, fiscales, abogados defensores y jueces penales, a fin de enriquecer y profundizar el debate”. s