De coeficientes fijos a uno móvil

El Gobierno nacional ratificó la idea de avanzar en la discusión de un nuevo esquema de Coparticipación Federal a partir de 2018. La propuesta oficial planea dejar atrás el actual esquema de coeficientes fijos hacia otro móvil, tanto en la distribución primaria como secundaria de recursos a las provincias.

El subsecretario de Relaciones con las Provincias, Paulino Caballero, en un seminario de la UIA señaló: “La nueva asignación de recursos requiere ver el esfuerzo de cada jurisdicción por capacidad tributaria o matriz productiva, para superar el actual en el que un esquema fijo profundizó las diferencias”. Según el funcionario, para lograr la nueva asignación, “es necesario determinar qué bienes y servicios va a prestar cada nivel de gobierno pero al mismo tiempo la posibilidad de recaudación de cada uno”. Además, señaló durante su exposición que “el esquema que sigue el Gobierno es salir del esquema actual de coeficientes fijos para ir hacia un esquema móvil tanto en la distribución primaria como en la secundaria”, al afirmar que “hay un desequilibrio horizontal de la distribución de recursos pero también vertical que permite la discrecionalidad de la Nación en su relación con las provincias”. El debate que orienta el Gobierno es “conducir a tres regímenes que comienza con la prestación básica de servicios como educación, salud y seguridad; el desarrollo de infraestructura para ir hacia una convergencia con metas a cumplirse en plazos, y la creación de un fondo compensatorio de gasto público entre Nación y provincias para la sustentabilidad de todas las jurisdicciones”. El diálogo entre los ministros con responsabilidad tributaria de todas las provincias para elaborar un acuerdo marco que será enviado al Congreso el año próximo debería estar cerrado a fines de 2017, según la agenda detallada por Caballero. Hay especialistas que defienden la posibilidad de avanzar en un nuevo esquema de coparticipación en base a la Constitución Nacional de 1994, de la cual se desprende que se puede avanzar en varias leyes en la materia y no una ley única; pero además de incorporar otras figuras como un órgano fiscal federal encargado de controlar el cumplimiento de la relación Nación y provincias, establecer un Banco Federal y avanzar en la regionalización. Las distorsiones son enormes en un país en el que la Nación recauda el 80% de los impuestos, pero representa el 56% de los gastos, mientras que las provincias y municipios recaudan el 20% pero gastan el 43% de lo recaudado. Esta situación a criterio de Gil Lavedra, por ejemplo, “explica diferencias terribles en la asignación por habitante de la recaudación impositiva y generó que algunas provincias se conviertan en distritos rentísticos que prácticamente viven de lo que reciben de coparticipación, para cuyos gobiernos es muy fácil gastar sin recaudar”, mientras que “la Nación mantiene un grado de transferencia discrecional que alimenta las diferencias en la distribución”. Desde la central industrial, Carlos Abeledo como presidente del Departamento de Política Tributaria de UIA, aseveró que “el actual esquema de coparticipación es uno de los problemas centrales del deficiente sistema tributario, con un sistema institucional que generó distorsiones que se reflejan en todos los desmadres de regímenes municipal, provincial y nacional, que convierten a la industria, las empresas y los contribuyentes en variables de ajuste del disparate tributario”. Antes de seguir avanzando en el debate, el Gobierno nacional tendrá que considerar si el plan es políticamente viable: todas las provincias se sienten castigadas en el actual esquema y ninguna se va a resignar a recibir menos de lo que percibe en la actualidad. s