Ambivalentes y controversiales

Resulta llamativo cómo los dirigentes de un mismo partido político difieren en posturas sobre un mismo asunto en jurisdicciones distintas, sea que les toque desempeñar el rol de oficialista u opositor acomodan su opinión a la necesidad de la coyuntura. Son implacables en un lado y permisivos complacientes o directamente distraídos de todo compromiso en otro lugar. Sucede no sólo con los dirigentes de un mismo partido, esa conducta ambivalente, controversial, envuelve a muchos dirigentes que se ven obligados a responder al unísono en dos estamentos diferenciados, por ejemplo en la Nación y la Provincia. Los legisladores del Congreso Nacional son presas, a menudo, de este bochorno; también les pasa a los gobernadores que acostumbran a criticar de la administración central aquellos estropicios con los que siembran su gestión doméstica.

Es la incoherencia, que la política malsana ha vuelto una normalidad en estos tiempos. Algo de eso se ha vivido por estas latitudes en los últimos años y tiende a repetirse. Aquellos que suelen ser severos, implacables, en el ámbito nacional se transforman en flexibles de toda variante en la escena local. Los radicales son una clara referencia de lo descripto. Un reciente trabajo realizado por la Consultora de Jorge Giacobbe sobre corrupción resalta que el 77,6% de los encuestados está de acuerdo que Elisa Carrió denuncie públicamente casos de corrupción dentro de Cambiemos. A su vez, el 4,7% no está de acuerdo; el 13,8% le resulta indiferente y el 3,9% no sabe no contesta. El dato sobresaliente es que, desagregado por afinidad ideológica, el 94,1% de los encuestados que dijo sentirse comprendido por UCR-PRO está de acuerdo con las embestidas de Lilita contra los corruptos, incluso de su propio espacio. Es una realidad que la diputada de origen chaqueño cosecha grandes simpatías en su lucha sin cuartel contra los corruptos, sin embargo, sus correligionarios no muestran idéntico entusiasmo para investigar en sus jurisdicciones provinciales. El “mani pulite” está bien, siempre que sea en otra esfera, nunca en la propia. Ese parece ser el principio de algunos dirigentes que tienen doble vara para medir lo que es delictivo y lo que está permitido. Sin ir muy lejos, ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, se reunieron con diputados del interbloque Cambiemos, para definir modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo al proyecto que introduce un régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas, y que cuenta con la resistencia de legisladores de la UCR, que prefieren la redacción original. Se trata de un proyecto que, en medio del escándalo por el convenio del Gobierno nacional con el Correo Argentino, el presidente Mauricio Macri había encomendado su redacción a la Oficina Anticorrupción, con el objetivo de sancionar a empresas -y no sólo a personas físicas- por delitos de corrupción y por sobornos transnacionales en perjuicio del Estado. El texto fue suavizado por el Ministerio de Justicia que incluyó cláusulas transitorias que asfaltan el camino de empresas y empresarios para eludir sanciones económicas y penales severas. Los radicales en algunos puntos y el PRO en otros cuestionan los cambios propuestos. Al parecer, la rigurosidad en la observancia de lo recto es maleable según la necesidad y también la jurisdicción. El caso es que la queja que elevan en la Nación por la eliminación de la responsabilidad de los proveedores y contratistas del Estado en los casos de corrupción, no tiene idéntica sonoridad en estos lares. Aquí directamente no hay queja. La voluntad política es dejar hacer y se galvaniza la incoherencia, además de crecer la sospecha de corrupción.s