El gabinete de planta permanente

 Por vía de una resolución, el intendente de la ciudad de Corrientes, Roberto Fabián Ríos, pasó a planta permanente a buena parte de los funcionarios de su gabinete en una medi­da administrativa de vidriosa legalidad que amenaza con provocar un sacudón político y una erupción so­cial, en medio de un proceso electoral en marcha. El escándalo está en plena gestación. La Resolución Nº 1227, a través de la cual el jefe comunal blanqueó como personal municipal a 34 “soldados” de su causa que se venían desempeñando como secretarios de Gabinete, subsecretarios y directores de área, se conoció ayer de manera informal, aunque el documento aún no se publicó en el Boletín Oficial. No obstante la Resolución existe y en ella apare­ce, entre otros, el nombre de Fé­lix María Pacayut, un hombre del riñón de Ríos que estaba a cargo de la Secretaría General de Am­biente y que desde el viernes 2 de junio (día en que se firmó la Reso­lución) pasó a ser -presuntamen­te- un empleado raso, dejando de hecho vacante su cartera. Este es otro costado, el menos analizado, pero acaso el más importante, del engendro institucional que labró el ingeniero.

Ante la falta de información oficial -el Palacio de 25 de Mayo y Mendoza se mantuvo en silencio-, las espe­culaciones dominan la escena. Este diario no pudo mu­nirse del texto de la Resolución, sólo tuvo acceso al Ane­xo donde figuran los nombres de los funcionarios que fueron incorporados como planta permanente. La lista es más larga.

La Resolución que definió el pase a planta permanen­te de toda esta gente va a contrapelo de lo preceptuado por la Ordenanza Nº 3.641 del Estatuto único para el personal municipal de la Ciudad de Corrientes, que es­tablece expresamente, en el Artículo 6º “que el ingreso a la Municipalidad se hará mediante concurso público de antecedentes y oposición y será por la categoría inicial de cada agrupamiento”; antes en el Artículo 4º advierte que “están excluidos del Estatuto: Intendente, viceinten­dente, secretarios de Área, subsecretarios, directores ge­nerales, subdirectores generales, concejales, secretarios, prosecretarios y secretarios de comisiones del Concejo Deliberante, asesor letrado, asesores de Gabinete y to­dos los que por disposición legal se desempeñen per­cibiendo remuneraciones no previstas en la escala de sueldos del personal municipal”.

Hasta aquí lo que dice el Estatuto, de tal manera que si el Intendente, aun contrariando la normativa, de­signó a sus funcionarios como planta permanente, no pudo haberlo hecho con la catego­ría superior sino con la inferior, lo que supone que la línea de mando quedó automáticamente desierta y tiene que renovar su gabinete o asignarles por vía de una nueva medida administrativa ese cargo de conducción temporalmente. Esto último no ha ocurrido.

Ahora bien, según la explicación que dio Pedro Ramón Lugo, secre­tario de Recursos Humanos y Rela­ciones Laborales, la medida busca legalidad en un retorcido procedi­miento de contrato inicial, licen­cia sin goce de haberes, designación en cargo político y blanqueo automático por conducto de una resolución del año 2014, según la cual todo personal contratado en el Municipio capitalino luego de tres años es efectiviza­do automáticamente. Conforme a este razonamiento, los funcionarios políticos primero fueron contratados, pidieron licencia y ahora, después de tres años, fueron blanqueados. ¿Con qué categoría?, solo Ríos y Lugo lo saben. Es posible que el procedimiento alcance legalidad -ciertamente es dudoso-, pero claramente escupe contra cualquier código de ética. Por ejemplo, según este meca­nismo el Intendente podría haberse hecho un contrato de servicio a principio de la gestión y al cabo de tres años obtener una planta permanente como empleado muni­cipal. Burdo.