Comenzó el cobro de los subsidios por discapacidad, pero continuará el ajuste

Tras la polémica, comenzó ayer el pago del subsidio por discapacidad, que había sido suspendido y luego vuelto a poner en marcha por el Gobierno Nacional. En tanto, seguirá el relevamiento para determinar “a quiénes corresponde a quiénes no”, de acuerdo a lo manifestado a NORTE de Corrientes por la coordinadora del Ministerio de Desarrollo social, Claudia Gómez.

“Del 19 al 23 se pagarán los subsidios y también el retroactivo a quienes dejaron de percibir”, dijo y aclaró que el beneficio no alcanzará a las personas fallecidas, como a aquellos con altos ingresos comprobados. “Van a cobrar en tanto y en cuanto las personas no estén fallecidas. Detectamos que aunque el beneficiario ya no estaba, los apoderados seguían cobrando”, agregó. Tampoco cobrarán aquellas personas que tengan un empleo registrado, ni que hayan adquirido bienes.

“Los datos se viene cruzando desde hace ocho meses y se van detectando las irregularidades, por ejemplo que cobraban personas por tener hipertensión o por patologías que a simple vista era evidente que no las tenían. Pero las personas en situación de vulnerabilidad o que tengan el 76 por ciento de discapacidad pueden estar tranquilas porque van a seguir cobrando”, señaló Gómez.

En Corrientes, unas 5.000 personas habrían quedado afuera de este beneficio de unos 4.300 pesos mensuales. Según datos de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (Cepa), 83 mil personas dejaron de percibir el subsidio, en base al decreto 432/1997 que le quitaba ese beneficio para aquel que tuviera un cónyuge con una jubilación, aunque sea mínima, o quienes fueran titular de un vehículo.

El debate y la polémica se instalaron inmediatamente y el Gobierno decidió dar marcha atrás parcialmente. “Lo cierto es que al dar de baja a las pensiones hay personas que ya se ven afectadas y para el alta tendrán que ajustar a nuevos trámites y nuevos pedidos de revisión, lo que implica el desplazamiento hasta las oficinas, acompañar documentación y demás cuestiones que se hubiera podido evitar si la medida hubiera sido tomada con racionalidad y legalidad”, señaló la defensora de Pobres y Ausentes Nº 2, Nora Maciel.

Para la funcionaria judicial, se trata de “una política de Estado que va en contra de la legislación vigente y de los tratados internacionales que la Argentina suscribió, tanto el de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad, como el tratado a nivel continental que es la erradicación de todas las formas de discriminación en relación a las personas con discapacidad. Después, la ley prevé que haya ajustes razonables, pero esto tiene que ver con el nuevo paradigma que es hacia donde apuntan esas herramientas jurídicas que es la autonomía de las personas”.

En ese sentido agregó: “Si el nuevo paradigma es apuntar a la autonomía de la persona, mal puede entenderse que esta decisión del Gobierno tiene una finalidad positiva y protectora, si aquel que necesita de una ayuda del Estado se lo quitan porque dicen no es ‘tan’ discapacitado. Encima utilizan una frase que en la convención está erradicada porque la misma apunta a mirar no porcentajes, sino cualidades”.

Consideró además, que antes de implementar esta medida el Estado tiene que consultar a los organismos especializados, como el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad y las asociaciones, y nada de eso se hizo.s