La Salada, una síntesis del país

En el marco de una ristra de allanamientos ordenados por la Justicia ordinaria en el predio de la feria Punta Mogotes, en el partido de Lomas de Zamora (Buenos Aires), cayó Jorge Castillo popularmente conocido como el Rey de La Salada. Dice que se resistió a la detención a los tiros y que durante el operativo se secuestraron varios millones de pesos en efectivo que estaban ocultos en cajas de seguridad en oficinas blindadas. El polémico empresario está acusado de extorsión y de liderar una asociación ilícita. Junto con él fueron apresados su hermano, un sobrino, varios familiares más y un par de policías que oficiaban de personal de seguridad. Hasta aquí los datos de la noticia que sacudió el mercado de los negocios informales, porque además de la detención, también se cerró La Salada y quedó temporalmente desactivado el meganegocio de lo trucho. El impacto que tendrá este hecho es difícil de predecir.

Por esta razón es indispensable -aunque dificultoso- separar en el análisis la situación de Castillo del entorno en el que se movía, de ese mundo marginal sobre el que se montó para hacer y permitir que se hagan jugosos negocios. Aunque resulten inescindibles, Castillo y La Salada deben ser revisados por distintas vías, conscientes de que ambos son caras de una misma moneda en un país que degradó su estatus. Un dato, que no es menor y que debe ser tenido en cuenta, es que al menos 15 mil personas trabajan en el complejo ferial ubicado en el barrio lomense de Ingeniero Budge, donde antaño funcionaban varios balnearios con piletas de agua salada, de allí su nombre que ya estaba impuesto antes de la debacle que secó a los natatorios y también a la Argentina. La Salada era un complejo recreativo ideado durante el gobierno de Perón para los trabajadores, la mayoría operarios de fábricas del primer cordón industrial del Conurbano, que en los veranos no podían viajar al mar a vacacionar. Luego con el gobierno militar que destruyó la industria nacional y la hiperinflación del alfonsinismo y el neoliberalismo menemista, La Salada quedó -literalmente- sin agua. Ya no había fábricas, por lo tanto no había trabajadores y consecuentemente no había veraneantes. En los primeros años de los ‘90 con los inmigrantes bolivianos y sus talleres clandestinos comenzó a germinar lo que luego sería la monumental feria de lo apócrifo. En ese vergel de lo ilegal ensambló su destino el empresario Castillo y otros tantos que no son tan conocidos. La investigación que derivó en los 55 allanamientos que se realizaron en las últimas horas comenzó en el año 2015 y permitió desarticular a tres bandas que operaban dentro de la feria y que, entre otras cosas, están acusadas de explotación ilegal de espacio público, cobro por seguridad privada, limpieza y pago por el estacionamiento, además de otras coacciones y robos. La marginalidad es el caldo de cultivo de lo delictivo y no tiene que ver solamente con ofrecer un jean o una zapatilla de marca trucha. Muchas veces esa oferta es únicamente la fachada. Es importante no perder de vista que el modelo ferial reemplazó al trabajo efectivo de corte productivo. Se sintió fuerte en provincias industriales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, pero también tuvo (y tiene su capítulo) en otros distritos pobres donde el capítulo industrial nunca tuvo espacio en la agenda del desarrollo, tal el caso de Corrientes. Aquí, en esta Capital, hubo que improvisar lugares para quienes viven del mercadeo informal, correntinos sin empleo formal que encontraron la supervivencia detrás de un tabla y dos caballetes. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), el comercio ilegal moviliza anualmente más de $71.500 millones, sólo en mayo último operó $5.958 millones, dentro de un universo nacional que integran 662 Saladitas y 86.728 vendedores informales a lo largo del país.s