Una cadena de negligencias

El incendio que se desató recientemente en un flamante edificio de departamentos ubicado en el centro de esta Capital y que pudo ser controlado a tiempo evitando una tragedia, acentuó el alerta sobre la necesidad de contar con un cuerpo de bomberos con más y mejor equipamiento para atender siniestros complejos como el que estuvo a punto de ocurrir el martes pasado. El fuego se inició por una sobrecarga en el tablero eléctrico de la torre, pero afortunadamente no alcanzó a propagarse.

La proximidad de una catástrofe, con el recuerdo todavía fresco del incendio de un edificio de departamentos en Londres, puso sobre el tapete la carencia con la que se desenvuelven los bomberos (de la Policía provincial y los Voluntarios), asunto sobre el que este diario se ha ocupado en reiteradas ocasiones. Pero además, subyace otro problema, más grave aún, que es el desencadenante de este tipo de siniestros: la negligencia de los organismos del Estado en los controles. La Dpec y la Municipalidad de Corrientes son responsables.

La preocupante falta de herramientas que acusan los bomberos -tema sobre el que este diario vuelve a escribir hoy en las páginas de la sección Información General- refieren sólo a un capítulo del drama, el último, relacionado al combate del fuego. Es decir la intervención del Estado con la emergencia ya declarada en procura de salvar vidas y bienes. Autobombas pobremente equipadas, sin escaleras de servicio para el trabajo en altura, carencia de materiales específicos para incendios de origen eléctrico, son algunos de los reclamos que se escuchan -desde hace tiempo- en los cuarteles. Independientemente de este déficit, que es imprescindible atender con urgencia, el problema de fondo es que el Estado hace la vista gorda ante el negocio inmobiliario que ha proliferado sin orden ni control en cientos de edificios de altura. Están desperdigados por toda la ciudad y crecen al amparo de una cadena de complicidades de los estamentos oficiales de la Provincia y el Municipio. El boom de la construcción se dio, y continúa, con la connivencia de una bandada de buitres que se mueven camuflados como funcionarios. Esta afirmación, en modo alguno pretende abrir imputación sobre los propietarios del edificio de Yrigoyen y San Martín que sufriera el siniestro. Ni siquiera hay de parte de este diario, una sospecha de tal naturaleza, pero es evidente que el sistema que entrelaza lo privado con lo público para la concreción de obras de arquitectura está corrompido y expone a los vecinos a riesgos incalculables, a veces sin remedio. El principal fundamento para sostener esta hipótesis lo constituye el descargo que hicieron los empresarios sobre una acusación esgrimida por la Dirección de Energía sobre presuntos incumplimientos en la obra. “No han cumplimentado los requisitos solicitados en la factibilidad de suministro y no se encuentra en condiciones técnicas para la habilitación de sus departamentos, sólo se encuentra habilitado como medidor de obra”, dijo la Dpec. Al respecto la empresa refutó con datos concluyentes sobre los trámites realizados (números de expedientes, fechas, materiales adquiridos y precios) para que la Dpec ponga en condiciones adecuadas el proyecto de obra. “Se cumplió con todos los requisitos pedidos y se gastaron casi 40 mil dólares y ahora dicen que no cumplimos”, señala la empresa. La realidad es que en la Dpec, que funciona bajo la intervención del ministro de Hacienda, José Enrique Vaz Torres, hay bolsones de corrupción que hacen grandes diferencias con la tan mentada “factibilidad técnica” para las obras. Este diario lo reflejó en una nota publicada en septiembre de 2015, titulada “Los buitres de la Dpec”, donde se advertía la existencia de decenas de edificios ocupados con medidores de obra. Nadie debería sentirse sorprendido.s