Confirman la condena a Sala por el escrache a Morales
La cámara de casación penal ratificó la pena a la líder de la Túpac Amaru.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ayer la condena a tres años de prisión en suspenso para la dirigente social Milagro Sala por daño agravado a raíz de un escrache al actual gobernador jujeño, Gerardo Morales, en 2009, y revocó su sobreseimiento por el delito de amenazas al disponer dictar nueva sentencia.
La decisión de la sala IV del máximo tribunal penal del país, en un fallo unánime, confirmó la sentencia dictada el 3 de febrero pasado por el Tribunal Oral Federal de Jujuy, que condenó a Sala y a María Graciela López a tres años de prisión en suspenso como instigadora y coautora, respectivamente, de daño agravado, según el fallo de 90 carillas firmado ayer por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani.
La cuestión que dirime el caso, se edifica en la manera ilegal en la que se desarrolló el escrache que se llevó a cabo en la sede del Consejo de Ciencias Económicas. Dicho escrache se caracterizó, con los alcances de la condena que se examina, en la violencia en las cosas con producción de daños.
A ello se agrega que no se trató de hechos espontáneos sino planteados y organizados, concluyeron los camaristas. En el fallo que apelará la defensa de las acusadas y en principio también el fiscal Javier De Luca, los camaristas revocaron además el sobreseimiento por prescripción que ese mismo Tribunal oral de Jujuy le dictó por amenazas y ordenó dictar una nueva sentencia por este último delito.
Sala está detenida con prisión preventiva en otras causas en Jujuy. Los jueces de la Sala IV dieron la razón al querellante gobernador Morales, quien había apelado los sobreseimientos dictados por prescripción de la acción penal en favor de Sala, López y Salvatierra respecto del delito de amenazas.
La decisión de declarar extinguida la acción penal por prescripción y sobreseer a los imputados por los hechos que configurarían el delito de amenazas, no constituye la aplicación razonada del derecho con aplicación a las constancias constatadas en la causa. Por ende, corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido, concluyeron los camaristas.s