Oposición denuncia que la Provincia esconde casi mil decretos sin publicar
Referentes legislativos apuntan a contratación y licitación de obras directas. Las normas están bajo la lupa de los legisladores.
En los últimos dos años, el Ejecutivo provincial sumó unos 931 decretos sin publicar. En el 2016 la cifra rondó los 370, mientras que en el 2017 ya superan los 571 decretos firmados por Ricardo Colombi que aún no se publican en el Boletín Oficial. El último decreto publicado en el Boletín Oficial es del 28 de abril, cuando la ley exige que se haga a los tres meses.
Los 931 están bajo la lupa de los dirigentes opositores. No descartan que varios correspondan a nombramientos de funcionarios políticos que acompañaron al mandatario radical. Hasta finales de mayo de este año, faltaban publicar más de 900 decretos, 353 de 2016 y 549 de 2017, durante junio empezaron a aparecer algunos, pero muy pocos de los que no se conocían públicamente. La tendencia viene de hace un par de años.
Estos instrumentos legales, que son de la exclusividad del mandatario y que deben ser del conocimiento de la población, son expuestos en la publicación oficial, el Boletín Oficial, tres meses después de ser rubricados. Ahora las decisiones del mandatario correntino son recién conocidas por la opinión pública, ya como hechos totalmente consumados.
Sus actos de gobierno terminan sin posibilidades de ser cuestionados en tiempo y forma, y difícilmente impugnados en la Justicia dentro de un tiempo razonable, sobre todo licitaciones, concursos de precios y contrataciones directas, como también los giros de partidas presupuestarias a las distintas áreas del Estado, subsidios y recursos a emprendimientos privados. Los decretos terminan siendo ocultos por más de 90 días, a pesar de que la ley 5.833, exige su publicación.
En algún momento existía el carácter reservado o secreto de algunas decisiones del Poder Ejecutivo, posibilidad que fuera vetada por el decreto 1.368/08, dispuesto por el entonces gobernador Arturo Colombi. Mientras, otros corresponderían a contrataciones directas. A modo de ejemplo fueron denunciados los 80 millones de pesos que se solicitó para dragar 16 km del Riachuelo, cuando se podría comprar la draga y el equipamiento necesario por menos de la mitad de ese monto. Unos $4,5 millones para construir 10 casillas de maderas en Chavarría.
Se suma, $1,8 millones para una casilla de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) y cerca de $4 millones para refaccionar un hospital en Carlos Pellegrini con un expediente que tiene una sola foja. s