Puja política pone en jaque a la Intendencia de Monte Caseros

La intendencia de Monte Caseros continúa en el foco del conflicto político debido a una denuncia que apunta contra el intendente Miguel Olivieri (ECO) por supuesta malversación de fondos públicos por un monto cercano a los 22 millones de pesos. El dinero habría llegado a la Comuna entre el 10 de diciembre de 2013 y 2017, en concepto de fondo especial de la represa de Salto Grande. En este sentido, el funcionario dijo a NORTE de Corrientes que “la demanda es una maniobra política en tiempos electorales originada por el ex intendente Eduardo Galantini (PJ) y que esta semana se presentará ante la sección judicial de Monte Caseros para responder a una denuncia que lo acusa de malversación de los fondos provenientes de los excedentes de la represa Salto Grande”.

El dinero habría llegado a la Comuna en concepto de resarcimiento por el uso del recurso hídrico (del río Uruguay). En tanto, el concejal que presentó la demanda, Carlos Soto (PJ), sus pares del bloque justicialista Eva Perón, y Galantini (presidente del PJ local), realizaron una conferencia de prensa en la ciudad, durante la noche del lunes pasado para dar especificaciones sobre la acusación.

Los mismos ratificaron la denuncia, demostraron las supuestas acreditaciones bancarias de los fondos que habría recibido la Comuna y desmintieron los dichos de Olivieri. Los ediles exhibieron documentos a los que identificaron como acreditaciones bancarias en la cuenta del Municipio, dependiente de los fondos de Salto Grande, “los que nunca se convirtieron en obras”, dijeron.

Los concejales ratificaron: “Fueron acreditados al Municipio 22 millones de pesos provenientes de los fondos de Salto Grande, dinero del que se desconoce el destino, ya que las obras no existen. Anualmente ingresan a las arcas municipales más de 80 millones de pesos de Coparticipación y Fondo Sojero; que también a simple vista se puede observar que no están plasmados en obras en la ciudad”. En la oportunidad, Galantini detalló de qué manera llega el dinero de esos fondos al Municipio y cómo debe destinarse en obras concretas.

La denuncia fue presentada el 30 de mayo por el concejal Soto en el Juzgado de Instrucción y Correccional de Monte Caseros, solicitando que se investigue sobre el destino que ha tenido la suma de dinero ingresada desde el 10 de diciembre de 2013 a la fecha en las finanzas del Municipio bajo la administración del intendente Miguel Olivieri, en concepto de fondo especial de Salto Grande. Soto remarcó que “al 27 de abril de este año, la suma ascendería a $21.771.108”. En la conferencia replicaron los supuestos dichos de Olivieri, sobre que “esos fondos fueron destinados a algunas necesidades no programadas por el Municipio”.

Además, explicaron que “esos fondos recibidos debieron rendirse ante la Comisión Bicameral de la Legislatura provincial, ante el Concejo local y el Tribunal de Cuentas, cosa que no ocurrió por parte del Ejecutivo Municipal”, consideraron. Soto recalcó además, que “esto está muy lejos de ser una chicana política, sino que la mala administración del Ejecutivo municipal lo obligó a presentarse ante la Justicia”.

Finalmente, acusó al intendente de no hacer públicos tres expedientes para la realización de obras, que nunca fueron gestionadas”.

Informe de la comisión administradora

En respuesta, Olivieri contó a este medio que “esperan un informe de la Comisión Administradora de los Fondos de Salto Grande en el que explicará cuál es el circuito administrativo de los fondos, el que será presentado en el Juzgado para demostrar el proceso de la llegada de los fondos, los montos y qué se hizo”. “

Son distintas etapas administrativas para que llegue la plata a Monte Caseros. Nos reunimos los cuatro intendentes del departamento, llevamos los proyectos a la Comisión de Salto Grande, cada uno discute para qué quiere el dinero, para qué lo va a emplear, y ahí se aprueba recién y se pasa a la Dirección de Planeamiento donde nos piden los requisitos y, juntamente con la parte jurídica, se hacen los convenios.

De allí, es refrendado por Obras Públicas y es elevado al Gobernador, quien puede o no firmar ese decreto. Si lo firma lo envían al Tesoro de la Provincia, desde donde se confirma la trasferencia de los fondos”, aclaró. s