Destinan al INTA dos campos de una banda narcotraficante
Son las estancias donde bajaban los aviones con cocaína de Bolivia.
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Corrientes entregó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria las estancias Santa Úrsula y Santa María del Aguapey, espacios que funcionaban como centro de recepción de acopio y almacenamiento de cocaína que ingresaba a Argentina por medio de vuelos clandestinos.
Además se entregaron al Ministerio de Seguridad de la Nación las aeronaves, motocicletas y automóviles que fueron incautados en el contexto de la causa narcoaviones, que finalizó este año con la condena de los propietarios de los emprendimientos rurales donde funcionaban las pistas de aterrizaje. El fallo, firmado ayer 27 de junio, además establece que el dinero incautado sea depositado en una cuenta a plazo fijo en beneficio del Juzgado Federal de Paso de los Libres que llevó adelante las actuaciones de la etapa de la instrucción investigativa.
Entre los considerandos, los jueces expresaron que los inmuebles rurales fueron utilizados como centro operativo de la asociación ilícita, aprovechando su extensión superior a las siete mil hectáreas, extensión que hacía ardua toda tarea preventiva de las fuerzas de seguridad ante lo dificultoso de todo acceso, la falta de caminos, lo inhóspito del lugar y su estratégica ubicación fronteriza donde la organización recibía una importante cantidad de cocaína.
El fallo exige al Inta designar administrador de las estancias, y al Ministerio de Seguridad a incorporar los bienes al inventario de las fuerzas de seguridad, con la exigencia de que los vehículos se utilicen para la lucha contra el narcotráfico, informaron fuentes judiciales. Hasta ahora los bienes estaban en manos de los familiares de los condenados, pero debido a que en el juicio celebrado este año -y que culminó en abril- se probaron las responsabilidades de los integrantes de la organización, se resolvió quitarles esos bienes y entregarlos como depositarios judiciales a organismos públicos.
La medida había sido solicitada por el fiscal federal general de Corrientes, Carlos Schaefer. Teniendo en cuenta que no ha adquirido firmeza la sentencia que dispuso el decomiso hasta que éste pueda hacerse efectivo, estimamos que para que las estancias sean conservadas y administradas en forma eficiente, transparente y orientadas hacia fines de utilidad social de modo que sirvan para reparar el daño causado a la sociedad, debe designarse como depositario judicial a un organismo público idóneo en la materia. Es ésta la razón por la que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria administrará esos campos. s