Cómo juegan las “mafias”

El Gobierno nacional pisa en un terreno resbala­dizo: el del empleo. Con la economía aún estan­cada, sin que pueda generar empleo, y con un sector empresario acostumbrado a no arries­gar, es decir a no invertir, la Casa Rosada se metió de lleno en una pelea cuyo resultado es impredecible. Por lo pronto confía haber iniciado una ofensiva final so­bre lo que denomina la industria del juicio en materia laboral, uno de los factores que afectan a la generación de nuevos puestos de trabajo.
Sin embargo, el principal escollo le surgió en un dis­trito impensado, la provincia de Buenos Aires, donde María Eugenia Vidal tiene dificultades para lograr que la Legislatura acompañe a la ley nacional de Riesgos del Trabajo. Mientras a nivel país el aumento de juicios en mayo fue del 20%, en la provincia de Buenos Aires se situó en el 104%. La razón: como la Provincia no se adhirió a los cambios a la ley que buscan ponerle freno al negocio de los juicios laborales, esa modalidad se concentró en esa gigantesca geografía que alberga a buena parte de las pymes del país, sobre todo en el Sur y el Oeste del Co­nurbano.
La Unión Industrial Argentina (UIA) se sumó al Go­bierno central y reclamó a las provincias adherirse a la nueva ley, no sin antes advertir que la litigiosidad ex­cesiva atenta contra el empleo y condiciona la super­vivencia de muchas pymes. La central fabril señaló la necesidad de que las provincias avancen en el ordena­miento del sistema de riesgos del trabajo y pidió que se adhieran a la nueva norma, la 27.348, para cumplimen­tar el orden procesal federal vigente.
Según el analista económico José Calero, este esce­nario confirmó que la política ya no es el único tablero donde las “mafias” son señaladas desde la administra­ción de Cambiemos, que carga contra la feria La Salada, el narcotráfico y los intentos de instaurar Estados pa­ralelos, con suerte dispar. El acento discursivo del pre­sidente Mauricio Macri en los últimos días demostró hasta dónde llega la preocupación de la Rosada por la problemática que representa para las pymes el acecho de estudios jurídicos que desde hace décadas se dedi­can a hacer negocios con las desgracias de los traba­jadores. Macri le puso nombre y apellido a uno de los señalados por la Casa Rosada, cuando recordó la vasta experiencia que el estudio de Héctor Recalde, jefe de la bancada kirchnerista de diputados y mano derecha de Cristina Fernández, tiene en lo que hace a juicios la­borales. Lo dijo así: “Este grupo de estudios jurídicos, conducidos por Recalde, le han hecho mucho daño a la Argentina”. También les apuntó a jueces del fuero labo­ral, aunque sin dar nombres.
El empresariado pyme venía advirtiendo sobre la necesidad de poner un marco a las indemniza­ciones por juicios laborales, por­que era la única manera de tener cierta previsibilidad: si una empre­sa no sabe cuánto podrá costarle aproximadamente un juicio, mal podrá prevenir su ecuación de ne­gocios. Hasta hace poco, cuando se reordenó el sistema con una nueva ley, las demandas podrían llegar a niveles estratosféricos y carecían de un encuadre que les brindara un marco de racionalidad.
La industria del juicio tiene una curiosidad: los li­tigios contra las ART provenientes de trabajadores de pequeñas empresas crecieron el 150% en los últimos seis años, a pesar de la caída de los accidentes y los fa­llecimientos. Es decir, hay gato encerrado.
El problema está diagnosticado, el cómo se resuelve no está probado. Menos certificado está el hecho de que eso vaya a erradicar el déficit en la generación de empleo, sino, basta con revisar otro dato que maneja la Casa Rosada: hay una informalidad laboral del 30% en el país. Lo dijo ayer Ezequiel Sabor, el segundo del Ministerio de Trabajo que visitó Corrientes, el distrito donde el Estado es el primer empleador y pagador en negro. ¿Eso no es mafioso?