Transparencia, un desafío federal

El derecho de acceso a la información pública es una de las condiciones indispensables para el adecuado funcionamiento de un régimen republicano de gobierno, impulsa la participación ciudadana, colabora en el control activo de las acciones de gobierno, reduce la corrupción y mejora la calidad de las instituciones. En este sentido, el derecho de acceso a la información pública permite, entre otras cosas: construir y promover un diálogo informado entre gobernantes y gobernados, garantizar el efectivo ejercicio de otros derechos, y desarrollar una democracia y una gestión pública transparente, legítima y eficiente.

Marina Carabajal, subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación describió en un artículo, recientemente difundido a los medios, que “uno de los compromisos asumidos por el presidente Mauricio Macri desde la campaña electoral fue abrir el Estado, elevar los estándares de transparencia y fomentar el control ciudadano”. En esa línea, la funcionaria destacó: “Al asumir nos pusimos como uno de los principales objetivos impulsar hasta convertir en ley el Acceso a la Información Pública, uno de los pilares para el desarrollo de una sociedad democrática (...) Paralelamente, éramos conscientes de que debíamos modificar la cultura que reinaba en el Estado. Muchos funcionarios y empleados sentían que no tenían la obligación de rendir cuentas ni dar explicaciones ante los ciudadanos. Si bien desde 2003 un decreto regula el Acceso a la Información en el Poder Ejecutivo Nacional, durante 12 años la regla no escrita fue el ocultamiento. Si desde lo más alto del poder se falseaban las estadísticas públicas como se hacía en el Indec, ése era el ejemplo que se bajaba hacia los rangos inferiores. Incluso, era una práctica corriente que algunos ‘vivos’ con contactos dentro del Estado, consiguieran información pública que luego cobraban a empresas y particulares. Al abrir la información, terminamos con esos quioscos”. Hay que recordar que al momento de asumir el nuevo gobierno, las opciones para presentar una solicitud eran enviarla por correo, o acercarse a la mesa de entrada de los organismos, con la dificultad de que la mayoría se encuentran en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, dicen, desarrollaron una herramienta para pedir información: la solicitud de acceso a la información pública vía web, a través de Trámites a Distancia (TAD). Ahora todos los argentinos, independientemente de dónde vivan, pueden enviar su pedido de información por Internet y hacer el seguimiento del trámite. El 28 de septiembre de 2016 fue sancionada la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y comenzará a regir a partir de octubre de este año en todos los poderes del Estado. En su artículo 36, la ley invita a las provincias a adherirse. Si bien la mayoría cuenta con algún tipo de legislación local sobre acceso a la información, algunas carecen de esta herramienta, es el caso de Santa Cruz, Mendoza, San Juan, La Pampa, Tucumán, La Rioja y Formosa. La provincia de Corrientes no está en ese listado, pero es una falacia. El organismo nacional tras realizar un relevamiento de la legislación a nivel provincial envió invitación a los gobernadores de 17 provincias a adecuar sus normativas. El mandatario correntino debería haber recibido el mismo llamado de atención. Aquí desde 2009 existe una ley denominada “Código de Ética Pública”, que está archivada en los cajones del Ejecutivo. Nunca fue reglamentada. Contiene casi todas las condiciones que reclama la legislación nacional de Acceso a la Información Pública, pero no está en vigor. El poder local prefiere gambetear la transparencia. s