Justicia: edificar en la pluralidad

La cofradía que articula y da vida a la Justicia y que en cierto modo la controla en sociedad con la política, en ocasiones con mayor capacidad accionaria y otras veces con menor poder; está librando una batalla crucial para, justamente, preservar ese poder omnímodo en el manejo de los resortes del Poder Judicial. El escenario de la puja es el Consejo de la Magistratura de la Nación donde la corporación judicial planea inscribir -y en parte ya lo ha logrado- un triunfo que marque el límite que no podrá ser sobrepasado por ningún individuo ordinario, de tal modo que ese espacio quede reservado únicamente para los doctos en Derecho. Como si la administración de Justicia fuese, en toda su extensión, competencia exclusivísima de los abogados.

“La guerra es un asunto demasiado serio como para dejarla solamente en manos de los militares”. La cita se la atribuyen a Georges Clemenceau, político y periodista francés de principio de siglo pasado. Del mismo modo se podría decir, aquí y ahora, que la Justicia es un asunto demasiado complejo para dejarlo en exclusividad a los abogados. Buena parte de lo que le sucede al país (y Corrientes no es una isla) se debe a la flaqueza del Poder Judicial que históricamente ha estado en manos de los abogados. Es posible que el común de la gente no se detenga a valorar esta situación suponiendo que así como está el modelo es correcto, sin embargo bien vale meditar la conveniencia de dejar únicamente a los abogados la diagramación de la Justicia y si es posible que con ellos sea sana, imparcial, digna y efectiva. Y esto comprende también la elección de jueces. El debate, aunque silenciado, está en curso y acaba de producir un hecho que robustece la posición de la cofradía en detrimento de la participación ciudadana. El tema de discusión es si una persona sin ser abogado puede formar parte del Consejo de la Magistratura, el organismo que se ocupa de evaluar y promover a los candidatos a jueces y fiscales. En 2013 el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.855 mediante la cual modificó el artículo 5º de la ley del Consejo de la Magistratura y flexibilizó las condiciones para ser miembro de ese cuerpo. Antes se debían reunir las “condiciones exigidas para ser juez de la Corte Suprema” y luego se dispuso “condiciones mínimas exigidas para ser diputado”. Para ser juez de la Corte se necesita un título de abogado, sin embargo para ser diputado no hace falta título, ni siquiera estudios completos. Desde la corporación hicieron un planteo contra la modificación y un magistrado (Enrique Lavié Pico) declaró la inconstitucionalidad de la reforma. Ahora la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo ratificó el fallo de primera instancia. Ergo: para ser miembro del Consejo de la Magistratura hay que ser abogado, como el que presentó la demanda, como el juez de primer instancia y como los integrantes de la Cámara de Apelaciones. Más allá de la unidad de criterio con la que los miembros de la corporación van resolviendo la controversia, el tema merece ser discutido en profundidad y con serenidad. Es verdad que hoy tiene un condimento político, que involucra a un legislador kirchnerista, que no es abogado y que pretende resistir en el cargo para impedir que el macrismo tenga mayoría en el organismo, sin embargo lo que está en juego es la definición de un modelo de participación. No se trata de relajar los requisitos y subordinar lo profesional a lo profano, pero el sistema actual es deficiente. ¿Por qué un particular no puede evaluar las condiciones de un aspirante a magistrado?El hombre que va a decidir sobre la libertad, los bienes y el honor de las personas debería ser medido también por sus vecinos, no solamente por los profesionales. Los antecedentes evidencian que los doctos no siempre eligen bien, sino al país (y a Corrientes) le iría mucho mejor. s