El guiño de la Corte a Macri

La industria del juicio (laboral) existe, no se puede negar, las estadísticas evidencian una maquinaria impresionante que se mueve a ritmo continuo en los Tribunales, sin embargo la “mafia” a la que alude el presidente Mauricio Macri apuntando hacia el foro de abogados resulta una exageración por el carácter genérico de la denuncia y, al mismo tiempo, una liviandad teniendo en cuenta su investidura. Macri es el jefe de Estado, debería estar en condiciones de aportar pruebas a la Justicia para desarticular el negocio mafioso, caso contrario lo que corresponde es llamarse a silencio y poner empeño en erradicar el problema accionando las herramientas de las que dispone el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el mandatario actúa como un comentarista de la realidad, en junio se refirió cuatro veces, en distintos actos públicos, a la “mafia” de los juicios laborales. No fue una sola vez a la Justicia, tampoco ningún funcionario de su administración. La respuesta a tan insistente proclama se produjo en las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia resolvió que cuando un trabajador pierde un juicio laboral por su culpa debe pagar todos los gastos por honorarios profesionales que ese juicio ocasionó.

El fallo tomó estado público el martes y se ventiló a la prensa con el impulso que le suelen dar las usinas gubernamentales a las noticias que le resultan conveniente. Se trata de una señal, qué mejor que el máximo órgano judicial del país determine que los trabajadores pueden recibir un castigo, además del despido de su puesto. Aunque se trata de una resolución para un caso específico, que no establece jurisprudencia general, el antecedente quedó patentado. Obra como una respuesta, por adelantado, en caso de que más demandas laborales lleguen a la Corte Suprema. Seguramente abogados patrocinantes y, sobre todo, los demandantes meditarán a fondo su decisión antes de llevar el reclamo hasta las últimas consecuencias. El máximo órgano judicial encendió una luz roja para los demandantes; al mismo tiempo esa luz oficia como guiño para la Casa Rosada. El caso en cuestión refiere a una causa que inicio el trabajador Enrique Eduardo López contra “Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.” a raíz de un accidente y que la Corte, finalmente, desestimó. El litigio en las instancias preliminares tuvo sus idas y vueltas y el demandante, ciertamente, evidenció irresponsabilidad en el compromiso procesal para merecer un fallo negativo. Sin embargo, a caballo de esta resolución, los supremos plantaron una bandera: cuando un trabajador pierde -por su culpa- un juicio laboral debe pagar todos los gastos ocasionados por ese juicio en concepto de honorarios de los abogados y los peritos que hayan intervenido. En sintonía firmaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz (no firmó el quinto juez, Horacio Rosatti). No es el sentido del fallo lo que llama la atención sino el aditamento que le proporcionó la Corte al agregar una sanción (dura) a la desestimación. Podría actuar como un factor disuasivo para la pretensión de otros demandantes y seguramente será una faro para los tribunales y magistrados inferiores. La resolución de los supremos le viene como anillo al dedo al presidente Macri para continuar la embestida contra la maquinaria que, según dice, alimentan jueces, abogados y peritos que viven de la industria de los juicios laborales. El problema es que el jefe de Estado no aportó ninguna prueba firme (salvo su comentario) para sustentar la denuncia de la corruptela tribunalicia. Esta medida de los Supremos no la desactiva, en todo caso la limita. Y lo que es peor, subyace el problema de fondo (la ausencia de condiciones para generar empleo genuino) que tampoco se resuelve con este fallo.s