Una cárcel de mínima seguridad, morada del feminicida Sosa García

La Granja Yatay es la ac­tual residencia de Adrián Sosa García.

El empresario, condena­do a prisión perpetua por el feminicidio de su pareja, Eli­zabet Verón, permanece en la Unidad Penal 4 (UP 4)de régimen abierto, confirma­ron a NORTE de Corrientes fuentes judiciales y del Ser­vicio Penitenciario Provin­cial (SPP). Ayer se cumplie­ron cuatro años de la muerte de la mujer tras una agonía de dos meses.

“Era riesgoso tenerlo, por eso decidimos trasladar­lo a un lugar más seguro”, afirmó a este diario Rubén Roque Romero, subdirector del SPP. “Uno podría creer que se trata de un privilegio, pero nuestra prioridad es el resguardo del interno”, jus­tificó.

Sosa García permaneció menos de tres meses en la Unidad Penal Nº 1 para hombres con condena firme luego de que en diciembre de 2016 el Superior Tribu­nal de Justicia (STJ) confir­mara la sentencia del Tri­bunal Oral Penal Nº 1, que el 26 de marzo de 2015 lo halló culpable -en un fallo dividido- del delito de ho­micidio agravado por el vín­culo y por mediar violencia de género (art. 80 inc. 3 y 11 del CPA).

“No sufrió agresiones, pero sí hubo insinuaciones por parte de otros internos para con él”, explicó Rome­ro. Y aportó que debido a lo mediático del caso (fue el primero en incorporar la reciente figura penal del feminicidio) y a cierto “des­precio” de los demás presos para este tipo de crimina­les, se optó por llevarlo a la Granja. El sitio web del SPP informa que esta unidad, ubicada en un campo en las afueras de la Capital, “se ca­racteriza por carecer de me­dios físicos para evitar fugas y no posee controles de se­guridad estrictos”.

Este matutino además consultó a la jueza de Eje­cución de la Condena, Ma­ría Teresa Zacarías, quien explicó que el movimiento de internos es competen­cia exclusiva del SPP. La magistrada comentó que el Servicio debe comunicar los traslados mediante un escrito, que luego ella debe hacer saber a la Fiscalía y a la defensa.

“En este momento no lo tengo disponible al docu­mento, no estoy segura de que me lo hayan comuni­cado, tendría que revisar, debería estar el expediente; la notificación no es digital, si fuera así podría rastrearlo con la computadora”, se ex­cusó Zacarías.

La familia de la víctima también parece desconocer la situación de Sosa García. Ayer se cumplió el cuarto aniversario del fallecimien­to, y Rita, una de las herma­nas de Eli -como la llama­ban-, la recordó publicando una frase en su perfil de Facebook sin mencionar al asesino y su residencia.s

Además del rechazo, el hacinamiento

“La verdad es que hay mucha super­población”, confió el inspector general Rubén Roque Romero, subdirector del Servicio Penitenciario Provincial, al graficar la situación en la Unidad Penal 1, de donde fue trasladado Sosa García. “Esperamos que pronto esta situación se descomprima con la apertura de una nueva unidad en Paso de los Libres”.

Romero detalló que al hacinamiento se suma un rechazo a los feminicidas. “Está mal visto todo lo que sea agresión o violencia hacia la mujer, antes era con los condenados por abuso sexual y aho­ra también por la violencia de género, suele haber represalias”, aseguró.

Sin embargo, el inspector general aclaró que no es recurrente el traslado de feminicidas a otras unidades, sino que en el caso de Sosa García su fama llevó a tomar la decisión de llevarlo a la Granja Yatay.

Y TAMBIÉN

La jueza de Ejecución de la condena, María Teresa Zacarías, contó a NORTE de Corrientes que el traslado de con­denados a otras unida­des ocurre cuando hay riesgo para éstos. “No es ni atípico ni frecuen­te”, dijo la magistrada y dio como ejemplo los casos de policías o penitenciarios que cumplen condenas largas. “Si los dejan en la 1 los matan”, afirmó. También explicó que la notificación de un traslado sólo debe ser comunicado al juzgado a su cargo, la fiscalía y la defensa del preso: abogados y familia de la víctima no tienen injerencia en este as­pecto.