Techo Digno: la Comisión Investigadora presentó tres dictámenes diferentes
Los ediles de ECO concluyen que hubo irregularidades. El oficialismo cuestionó a nación. Gabriel Romero pidió que Ríos se presente a la justicia.
Finalmente la Comisión Investigadora conformada para indagar sobre irregularidades de la gestión del intendente Fabián Ríos con el plan de viviendas Techo Digno en el barrio Doctor Montaña, emitió tres dictámenes que ahora serán enviados al Concejo. Por un lado, los concejales Juan José López Desimoni y Fabián Nieves, de ECO, concluyeron en que las pruebas analizadas dan cuenta de la existencia de irregularidades y que las actuaciones deben remitirse a la Justicia federal. En tanto, los oficialistas Justo Estoup y Ataliva Laprovitta, dictaminaron que no hay nada que objetar y cuestionaron el procedimiento de control de la Nación, al que tacharon de falaz.
El tercero en discordia es el concejal Gabriel Romero, de Libres del Sur, para quien ante los dictámenes del oficialismo y la oposición, la controversia no puede resolverse con las limitadas atribuciones de la Comisión que no tiene posibilidad de levantar testimonios, efectuar pericias (peritajes) y mucho menos indagatorias. Por ello, Romero recomendó que el Municipio concurra al sumario administrativo de Vivienda de la Nación a explicarse y/o lo haga en la Justicia, que estaría investigando.
Los recursos económicos están en la cuenta municipal, pero la discusión no ha terminado pues hay que aclarar estas contradicciones, concluyó. Por su parte, López Desimoni dijo en declaraciones: Hemos cumplido el trámite sobre la marcha y realización del programa Techo Digno. Lo importante es lo que se resolvió: detectamos irregularidades conforme a las pruebas que se han recolectado, sobre todo cuando se certificaron y pagaron obras que no se han realizado.
Para los ediles de ECO, a ello se suma la denuncia penal efectuada por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación el 23 de junio. El Municipio deberá presentar documentos para defenderse, dijo el edil del Partido Popular (PP). Concluimos en que hubo clara comisión de irregularidades administrativas, con posible comisión de delitos, afirmó. Un informe de la Secretaría de Vivienda de la Nación da cuenta de que el Municipio pagó más de $3 millones por obras no realizadas, y una auditoría determinó que no hubo ningún avance en las obras cuando el dinero ya se había enviado, escribió Nieves en su red social.
Sumado esto a las imágenes satelitales, creemos que existe evidencia cierta de que hubo irregularidades administrativas y que hay que elevar las actuaciones a la Justicia Federal. Para Estoup y Laprovitta, no hay irregularidades administrativas ni financieras. Los documentos enviados por la Secretaría de Vivienda de la Nación son una falacia, ya que no se cumplieron plazos y no vale analizar de manera legal, dijo Estoup.s