Policía,Vialidad y Gendarmería en la mira comprometerían al Gobierno provincial y nacional por negligencia
En base a testimonios que se recibiría en sede judicial por declaraciones de testigos que transitaron minutos antes por la zona, se confirmaría la falta de controles por parte de las fuerzas de seguridad y de Vialidad en la ruta que lleva al puente caído. El Fiscal busca pruebas y testimonios. También hay una investigación abierta en el fuero federal.
La ausencia de un efectivo control y de avisos por parte de la fuerzas de seguridad involucradas en la Ruta Nacional 12, y de la insuficiente señalética de Vialidad Nacional, refuerzan la hipótess de la negligencia por parte de las autoridades políticas, de no haber tomado las medidas correspondiente, para evitar la caída de un auto en el puente cortado del arroyo Guazú.
Asi dejó traslucir el fiscal de Esquina Carlos Gallardo, quien tomará declaracion testimonial a testigos que cruzaron por el lugar minutos antes del siniestro, y aseveraron en medios peridísticos que los controles no existieron, y que tampoco se les avisó en el trayecto de la ruta de lo que había pasado en el arroyo Guazú.
Incluso trascendió que otro auto se salvó de caer al precipicio al frenar a tiempo, antes de que ocurriera el drama que enluta a una familia misionera.
Tras las acusaciones y ante la indignación de la población por lo ocurrido, no hay respuesta desde las autoridades del gobierno provincial, que evitaron hablar con la prensa, tal el caso del Ministro de Seguridd Horacio Ortega y el Jefe de la Policía de Corrientes, quienes se llamaron a silencio a sabiendas de enfrentarse a un posible proceso penal, teniendo el antecedente de lo ocurrido en la tragedia de Once, adonde la responsabilidad criminal llegó hasta la cabeza misma del organismo encargado de controlar los trenes y el transporte.
Se estima que al no preverse las acciones que pudieran haber impedido el siniestro, pone en la picota a las autoridades políticas, desde el mismo gobernador de la provincia hacia abajo en la escala administrativa.
Lo mismo le ocurriría al ámbito de Vialidad Nacional, desde la intervención del organismo hacia las autoridades regionales y distritales del organismo. Igual situación comprometería a los jefes de la Gendarmería Nacional, bajo cuya jurisdiccción ocurrió el hecho.