Ordenaron la búsqueda de divisas enterradas en terrenos de Cacho Bareiro
El juez Sergio Torres ordenó inspeccionar una fábrica de ladrillos. La defensa denuncia pérdidas económicas y amenaza al magistrado.
El juez porteño Sergio Torres ordenó un allanamiento a la propiedad de Carlos Alberto Bareiro, supuesto líder de una banda narco que operaba en la localidad de Itatí.
El operativo se desarrolló desde el martes 4 hasta el domingo 9 de julio en un predio ubicado en la calle Río Paraná de ese poblado, distante a 80 kilómetros de la capital correntina.
El magistrado ordenó remover materiales de construcción que estaban acopiados en la parcela de 50 por 30 metros y realizar excavaciones a fin de corroborar los datos obtenidos por testimonios incorporados en la causa respecto a que supuestamente Bareiro ocultaba dinero obtenido de la venta de drogas en barriles que enterraba en sus propiedades.
Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina ingresaron al predio ubicado en la zona urbana del poblado dotados con detectores de metales destinados a relevar el área. En el lugar está emplazada una fábrica de ladrillos, y para facilitar la remoción de éstos se contó con una máquina vial utilizada también para realizar las excavaciones en los lugares donde supuestamente podrían haber ocultos barriles con papel moneda.
El hecho generó la desaprobación de la defensa, que calificó como “descabellada” la medida adoptada por el funcionario judicial.
Uno de los representantes del imputado, Guillermo Rojas Busellato, informó ayer que “el allanamiento tuvo resultado negativo porque no encontraron nada”.
Durante una entrevista en Radio Dos, aclaró que “el lugar es del abuelo de Bareiro, un señor de 82 años, donde funcionaba una ladrillería y por eso en el lugar habían acopiados cerca de 2 millones de ladrillos”.
Aseguró que cuando los efectivos advirtieron los montículos de material de construcción, informaron al Juzgado Federal Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires de la situación, pero “el juez ordenó remover tierra igualmente, y así se rompieron ladrillos causando un daño económico al dueño de ese material”. Remarcó que “el resultado fue negativo. Se escaneó hasta el último centímetro de la finca. Pero un montón de ladrillos fueron demolidos”.
Lo que reprocha el abogado es que “debieron arbitrarse los medios para evitar la rotura de los ladrillos, porque los movieron con una topadora y eso generó el destrozo total de un bien que corresponde a un tercero”. “Debido a esto estamos estudiando generar una acción por daños y perjuicios contra el Poder Judicial”, dijo el abogado, quien también podría denunciar al juez de la causa.s