El tarifazo eléctrico inconsulto

La Justicia provincial suspendió los efectos de una Resolución de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) y un decreto del Poder Ejecutivo que le daba respaldo y en ese marco ordenó al organismo que se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario para el consumo eléctrico y tiene prohibido cortar el servicio en el domicilio de los usuarios por falta de pago de las facturas correspondientes a los meses de febrero y marzo de este año. El fallo indica que hasta tanto no se remita una nueva facturación de ese período, conforme al tarifario anterior, no podrán interrumpir el servicio por demora en el pago. De hecho, hasta que no se resuelva la discusión de fondo, la Justicia dispuso que la Dpec tendrá que facturar el servicio según la tabla vieja.

La medida constituye un freno al desborde de la empresa provincial de energía que recompuso la escala tarifaria sin someter el proyecto a una audiencia pública. Es decir, cometió una ilegalidad. En idéntico abuso incurrió, en su momento, la Municipalidad de Corrientes cuando pretendió actualizar los valores del transporte público de pasajeros y en ese caso la Justicia falló en igual sentido. Por otra parte, no es la primera vez que la Dpec resulta amonestada judicialmente por un exceso de esta naturaleza. El fallo lleva la firma de la doctora María Belén Güemes, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 2, que hizo lugar a un amparo solicitado por la Asociación de Usuarios y Consumidores de la provincia, y como consecuencia dictó una medida cautelar. En su presentación la entidad cuestionó la falta de realización de una audiencia pública, puesto que el encuentro que tuvo lugar en la localidad de Santa Rosa el 22 de marzo pasado, no correspondía al expediente a través del cual la Subgerencia de Asuntos Regulatorios trasladaba los costos propios del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) al cuadro tarifario vigente; sino a otro diferente con el que se intentó diseñar un proyecto tarifario. Según la Asociación, al trasladarse los costos nacionales a la distribución provincial se configuró una nueva escala tarifaria que dio por resultado “valores irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose en arbitrarios y manifiestamente ilegales”. En el fallo, la doctora Güemes indicó: “En efecto, surge en este análisis preliminar propio del proceso cautelar y sin haber oído aún a la parte demandada- que los actos cuestionados resolución 232/17 de la DPEC y decreto 516/17- en definitiva establecieron nuevos valores tarifarios sin que haya existido ningún tipo de participación de los usuarios y consumidores ni de las asociaciones que los nuclean. No surge que se haya realizado la correspondiente audiencia pública que exige en forma expresa y contundente la ley 6073 en su artículo 21”. Añadió que “cualquiera sea la variable que se haya tenido en cuenta para modificar el cuadro tarifario, al tratarse de un aumento del monto a pagar por los usuarios por el servicio público prestado es evidente que nos encontramos ante una nueva tarifa. Una nueva tarifa requiere la necesaria participación de los usuarios, prevista tanto constitucionalmente (art. 48 Constitución Provincial) como legislativamente (art. 21 ley 6073). Entonces, al aparecer un vicio en el procedimiento previo por falta de audiencia pública surge la fuerte probabilidad de violación de los derechos de los usuarios a la participación ciudadana y a la información veraz y oportuna (arts. 42 CN y 48 Const. Pcial.)”. Además, la magistrada resaltó que el cuadro tarifario cuestionado se refería también a períodos de consumo anteriores a su aprobación (febrero y marzo de 2017), por lo que aparecía violentando el principio de irretroactividad de las tarifas.s