Imputaciones y sospechas

Más allá del ex ministro de Planificación, Julio de Vido, quien se encuentra en el ojo del huracán por la ofensiva del oficialismo para lograr su expulsión de la Cámara baja, hay al menos otros cuatro diputados con mandato vigente que cargan en sus espaldas con procesamientos dictados por la Justicia.

Se trata de Alejandro Ramos, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Liliana Mazure, todos ellos pertenecientes al bloque del Frente para la Victoria-PJ. En el primer renglón, sobresale a todas luces la situación del ex ministro de Planificación, quien acumula cinco procesamientos por hechos anteriores a su jura como diputado en diciembre del 2015. El 10 de mayo del 2016, el juez Bonadio procesó a De Vido por estrago culposo y administración fraudulenta y lo embargó por 600 millones de pesos en el marco de la causa de la tragedia ferroviaria de Once, que provocó la muerte de 51 personas y que se encuentra al borde del juicio oral. El ex funcionario kirchnerista enfrentaría además, en los próximos meses un juicio oral y público en la causa por el presunto pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado a España y Portugal, que quedó inutilizable por su nivel de deterioro. El mismo magistrado procesó también a De Vido y a su par Máximo Kirchner por el delito de asociación ilícita por el direccionamiento de obra pública a favor del empresario patagónico Lázaro Báez. El último procesamiento que, por ahora, tiene en su haber de Vido llegó el 10 de julio: Bonadio lo procesó por presuntas irregularidades en la asignación de subsidios para gasoil de líneas de colectivos. Por esta misma causa, Bonadio procesó a los ex secretarios Jaime, Schiavi, y al actual diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ, Alejandro Ramos, quien fue embargado por 900 millones de pesos. Otro caso resonante involucra al diputado y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, quien junto a la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex director del Banco Central, Alejandro Vanoli, fue procesado por las operatorias de venta de dólar futuro realizadas en octubre de 2015. En la causa, que fue elevada a juicio oral, Bonadio entendió que dicha operatoria suponía un perjuicio económico para el Estado, partiendo de la premisa de que el tipo de cambio estaba notablemente atrasado en 2015 y que inexorablemente el Gobierno entrante tenía que corregir la distorsión. La última diputada procesada es Liliana Mazure por su gestión al frente del Incaa, a raíz de supuestos nombramientos irregulares en el instituto audiovisual. Las aguas en otras bancadas no están tan revueltas, aunque igualmente hay casos que llaman la atención, como el que tuvo como protagonistas a los diputados del PRO, Eduardo Amadeo y Luciano Laspina, imputados el 10 de abril pasado. El fiscal Franco Picardi abrió una investigación en perjuicio de estos dos funcionarios y del entonces ministro de Defensa, Julio Martínez, por haber intercedido a instancias del Poder Ejecutivo ante parlamentarios norteamericanos para lograr la adquisición de un arsenal para equipar a las Fuerzas Armadas y de seguridad. En tanto, el diputado santacruceño Eduardo Costa (UCR) está imputado en una causa por evasión impositiva impulsada por la Afip en 2013 y es investigado por la Justicia de su provincia por presunto lavado de activos. Propietario de la cadena de supermercados Hiper Tehuelche, Costa es el diputado más rico del país. Las sospechas por corrupción irrumpen en la política y en el Congreso, utilizado como refugio para dilatar sentencias.s