Advierten que aún no se sabe cuánto dinero recaudaba Pyramis

Tras dos años y ocho meses de los allanamientos a la Cooperativa Pyramis que funcionaba como un banco sin autorización del Estado, todavía se investiga cuánto dinero movilizó esa organización por fuera del sistema legal, y se desconoce qué bienes poseen los involucrados en la causa iniciada por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.

Debido a esto, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes resolvió que se prohíba la enajenación de las propiedades de los imputados, pero además que se determine un monto de dinero a embargar debido a que consideran que los $3.000.000 fijados anteriormente son ínfimos en relación al perjuicio que pudieron haber causado al Estado.

El fallo es en respuesta a un planteo realizado por el Ministerio Público Fiscal contra la determinación de Juan Carlos Vallejos, titular del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2, que había dispuesto el levantamiento de la inhibición general de bienes que pesaba contra los imputados Ana Karina Alonso y Adolfo Siviero, quienes figuran como empleados de la firma investigada, y también contra la Cooperativa Pyramis como persona jurídica.

Desde el punto de vista del magistrado, la paralización de los bienes patrimoniales habría puesto en peligro la continuidad de actividades económicas de los sospechosos. Lo que se planteó desde la Fiscalía General Federal es que “la resolución del juez de primera instancia carece de fundamentación” debido a que “no habría analizado las consideraciones de su parte respecto a los bienes que todavía no habrían sido individualizados, manifestando sólo que la suma de dinero y los bienes incautados serían suficientes para contrarrestar el perjuicio patrimonial en caso de condena”.

En el reclamo de la Fiscalía se sostiene que “no se habría cuantificado el monto de las operaciones ilegítimas realizadas”. Además se remarca en el escrito que “no se habría podido determinar la totalidad de los bienes que poseen las personas investigadas en la causa, los cuales habría sido adquiridos producto de la actividad ilícita que se investiga”. Recuerda además que durante el desarrollo de las actividades que están en investigación, “se habrían realizado maniobras tendientes a ocultar la titularidad de los bienes resultando la inhibición la medida más razonable, frente a la imposibilidad de disponer los embargos sobre la totalidad de los bienes de los imputados”.

Ante la situación, lo que se pide es que se retrotraigan las tramitaciones y que el juez de primera instancia establezca la paralización de nuevos montos ya que “los bienes actualmente embargados no alcanzarían para satisfacer la pena de multa que podría llegar a aplicárseles en caso de recaer una sentencia condenatoria”, expuso el fiscal. El fiscal general Carlos Schaefer además remarcó en su pedido, que “mantener la inhibición general de bienes -a pesar de haberse dictado el embargo sobre alguno de ellos- aseguraría la satisfacción del decomiso y multa, hasta tanto se detecte la existencia de otros bienes que puedan suplirla”.

En respuesta a estos planteos, los abogados defensores sostuvieron que no correspondería tal reclamo ya que “la pretensión del Fiscal carece de sustento legal”. Esto es porque “pretende la suspensión de una medida que restringe los derechos de los imputados”. Finalmente, los jueces del Tribunal de Alzada dieron lugar al reclamo y dispusieron que el juez Vallejos fije nuevos montos de embargo.s