Economía, gastos y medidas

Si bien el Gobierno lo niega, la mayoría de los economistas considera que para bajar el déficit fiscal como prometió Mauricio Macri se deberá reducir el gasto público, porque con el crecimiento y el consiguiente incremento de la recaudación únicamente no alcanzará.

Uno de los principales interrogantes es determinar cuáles son los egresos en los que el Gobierno podría usar la tijera, si se tiene en cuenta que buena parte de los gastos son inelásticos y casi intocables, como los del sistema previsional y los salarios de empleados públicos. El Poder Ejecutivo se propone cumplir con la ley de Responsabilidad Fiscal, por la cual el gasto corriente primario debería mantenerse constante en términos reales, para ir licuando el crecimiento del PBI y así cumplir las metas fiscales. Para lograr el objetivo de déficit primario de 3,2% sobre el Producto Bruto en 2018 estará obligado a ajustar los rubros que no están indexados. Según un análisis del Estudio Bein, si la economía creciera 3% el año que viene, alineado con las proyecciones del Gobierno, el gasto público debería bajar 4,5% en términos reales para cumplir con las metas fijadas. Por su parte, un reporte de la consultora M&S (Melconian y Santángelo) alega que salvo que venga un combate masivo contra la evasión es poco lo que se puede hacer por el lado de los ingresos, por lo que se deberá hacer algo con el gasto, que siguió creciendo entre 2016 y 2017. El economista Rodolfo Santángelo alerta que sigue siendo un tema crítico el nivel de los subsidios, porque todavía en la Argentina mucha gente de ingresos medios “sigue pagando de luz y gas mucho menos que de celular y de cable”. Considera, además, que la Argentina se debe también una gran discusión en materia previsional, al que considera “quebrado”, a lo que debe sumarse la relación Nación-provincias, que se ha manejado los últimos diez años de manera muy desordenada. Santángelo recomienda, además de recortar subsidios a los servicios públicos, reformar el sistema jubilatorio y poner en caja también a las provincias mediante la presión del Gobierno nacional. En la misma línea se pronuncian Miguel Ángel Broda y José Luis Espert, quienes consideran que el “gradualismo” debe terminar en octubre, porque de ahí en más lo que corresponde es el shock. En tanto, el director de Analytica, Rodrigo Álvarez, consideró que tras las elecciones legislativas habrá “correcciones y ajustes” por parte del Gobierno que tratará de reducir burocracia, reformar el mercado laboral, bajar el peso de las tarifas públicas y agilizar el mercado de capitales. La cuestión es que el intento del oficialismo por resultados, con base en medidas suaves y graduales (incluso con políticas de la gestión anterior), no se dieron. A casi dos años de la gestión, la administración nacional no da señales claras de medidas económicas para establecer objetivos. A medias con decisiones clave, y retrocediendo con otras, la salud de la economía se va resintiendo. Y más aún con los mensajes de “brotes verdes”, que son sólo productos del marketing político. Las gestiones realizan los cambios relevantes en el inicio de cada gestión, con el capital político de arrastre de las elecciones. Aquí, al parecer, se buscarán esas políticas de shock en el medio tiempo. Algo por fuera de los manuales políticos, de las decisiones a destiempo y de un impacto aun más fuerte. Será el momento de observar, entonces, cuánto está preparada la sociedad para ello.s