Rechazan la unificación de causas por narcotráfico en Corrientes

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes hizo lugar a un planteo de acusados por narcotráfico y frenó el envío de un expediente que había sido pedido por el juez Sergio Torres, quien lleva adelante las investigaciones que derivaron en el operativo Sapucay, por el que están detenidas las autoridades gubernamentales de Itatí, como también a funcionarios policiales, de las fuerzas de seguridad federal y civiles, todos sospechados de haber intervenido en operaciones de tráfico de estupefacientes.

El fallo del Tribunal de Alzada es en respuesta a los reclamos de las defensas de Hugo Antonio Gallardo, Nelson Arnaldo Báez, Alejandro Ramón Aguirre y Julio Hernán Acosta, quienes fueron acusados del transporte de 2.692,118 kilogramos de marihuana en un camión que fue interceptado por la Gendarmería Nacional Argentina. El recurso fue interpuesto por los abogados después de que el juez Carlos Soto Dávila decidiera apartarse de esa causa a pedido del juez federal Sergio Torres y de la Procuración de la Narcocriminalidad (Procunar), quienes investigan el traslado de estupefacientes desde Corrientes hacia siete provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El magistrado había declarado su inhibición y declinó su competencia para que la causa se acumule al expediente 3.002/2017 del Juzgado Federal Criminal y Correccional Federal Nº 12 de Buenos Aires, “por existir conexidad objetiva y subjetiva” entre ambas. Lo que se había interpretado era que el supuesto tráfico de drogas planificado por Báez, Aguirre y Gallardo se originaba en las actividades que desarrollaban las bandas narco que trasladaban grandes cantidades de marihuana desde Paraguay hasta Itatí, para proveer a otras organizaciones criminales.

Este fue el argumento utilizado por el juez Sergio Torres para pedir el apartamiento del juez correntino, y agregó que el pedido se orientaba a “poner en marcha las diligencias pertinentes en pos de reunir a la mayor brevedad tales legajos como parte integrante de la pesquisa más amplia y compleja que se lleva adelante”. Sostuvo en su pedido que la unificación de causas “permitirá conocer el verdadero alcance de los sucesos intimados en este sumario y, al mismo tiempo, garantizar a quienes hoy se hallan imputados la posibilidad de ejercer plenamente el derecho de defensa en juicio, que les asiste”.

Además remarcó que “resulta imperioso” reunir las causas para “continuar avanzando de forma trascendente en la compleja investigación” que se lleva adelante desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La defensa de los imputados se opuso a que la causa sea llevada a esa ciudad, entre otros argumentos porque interpretaron que se carecían de elementos como para confirmar la conexidad entre los hechos investigados. Agregaron que en el marco de la causa existen otras apelaciones que se deben resolver, y que todavía carecen de resolución. Sostuvieron que el traslado de la causa violaría el derecho de defensa. Los jueces de la Cámara de Apelaciones dieron la razón a los defensores.s