Citaron a indagatoria a De Vido por sobreprecios en compra de gas licuado
El juez Claudio Bonadio tomó la decisión tras recibir una auditoría sobre el presupuesto de Enarsa, la empresa estatal importadora.
El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado, Julio De Vido, fue citado a indagatoria por el juez Claudio Bonadio en una causa en la que investiga presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015. La citación fijada por el juez es para el próximo 3 de octubre y además fueron convocados como imputados el ex secretario de Energía, Daniel Cameron, y el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión en Planificación, Roberto Baratta; además del ex ministro de Obras Públicas durante el menemismo, Roberto Dromi, y su hijo Nicolás, quienes intervinieron como asesores. Además, el juez citó a los responsables de Enarsa, Exequiel Espinosa y Walter Fagyas, y a funcionarios de áreas técnicas de la empresa YPF. En su investigación, y en base a un peritaje contable, se pudo establecer que el valor de los sobreprecios pagados habría sido de 6.900 millones de dólares. En 2014 se inició la causa con el requerimiento del fiscal Carlos Stornelli para investigar las presuntas irregularidades en la adquisición de gas licuado natural en el período comprendido entre el año 2008 y la actualidad. En total fueron tres las denuncias hechas: dos de un abogado particular y otra de entonces opositores del PRO como el senador Federico Pinedo, la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. La citación de De Vido fue fijada a pocos días de su convocatoria a juicio para el 27 de septiembre próximo por la tragedia ferroviaria de Once por la cual 51 personas murieron en febrero de 2012. Así lo decidió el jueves el Tribunal Oral Federal 4 respecto a lo que será el segundo juicio por la tragedia que le costó la vida a 51 personas en febrero del 2012: el actual diputado del Frente para la Victoria está señalado como uno de los responsables porque no habría controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, la infraestructura, el personal transferido y la aplicación de fondos públicos que el Estado puso a disposición de TBA.s